La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección interpuesto en contra de la Municipalidad de La Florida, que prohibió estacionarse a las personas no residentes del sector oriente de la comuna   en calles de la vía pública.

El actor expuso que, en agosto de 2023, concurrió junto a su familia al Parque Comunitario Panúl, sin embargo, no se pudo estacionar en ninguna calle colindante a dicho parque o en el Parque Rojas Magallanes, por cuanto el municipio dispuso de letreros que señalan que sólo los residentes del sector oriente de la comuna podían estacionarse allí, de lo contrario se iba cursar un parte empadronado, para lo cual también se pintaron todas las soleras de color amarillo.

Aduce que, a través de la Ley de Transparencia solicitó una copia del acto administrativo que prohibió estacionarse en la vía pública, respondiéndole que la señalización de no estacionar fue por mandato propio del Director de Tránsito, por lo que al tratarse de una instrucción verbal, no existía documento al respecto. De ese modo se ha infringido los artículos 11 y 41 inciso 4° de la Ley 19.880.

En mérito de lo expuesto, estima vulnerada la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y la libertad ambulatoria, por lo que solicita que se ordene el retiro de los lienzos, letreros, y todo tipo de prohibición de estacionar en el sector oriente de la comuna de la Florida.

La Municipalidad informó que, “(…) el Director de Tránsito es quien por mandato de la ley de tránsito, tiene facultad para disponer las labores de mantención e instalación de la señalización oficial de tránsito de la comuna, y por ende instruir la ejecución de distintos tipos de instalaciones en materia de señalización; la decisión se toma bajo criterios técnicos fundados con informes internos, los que son desarrollados y a la vez dispuestos por la Subdirección de Planificación y Gestión de Tránsito, unidad que tiene a cargo velar por la mantención e instalación de la señalización de tránsito en la comuna, cuya materialización en terreno se efectúa mediante diversos contratos que administra el Departamento de Ingeniería, unidad que a su vez también es dependiente de dicha Subdirección.”

Sobre las restricciones de los estacionamientos, señaló que, “(..) fueron antecedidas de un procedimiento específico en donde se constató la efectividad de los conflictos informados dado el alto número de vehículos mal estacionados en las vías del entorno en cuestión, los que generaban condiciones de inseguridad tanto a personas que transitan a pie por las veredas, automovilistas que circulan por el eje Rojas Magallanes, y los conductores residentes de las viviendas colindantes con esas vías, quienes se veían constantemente afectados con el bloqueo de sus accesos vehiculares, impidiéndoles entradas y salidas desde o hacia el interior de sus viviendas.”

La Corte de Santiago acogió la acción de protección, señala que, la entidad edilicia “(…) realiza actos administrativos, como manifestación de la actividad formal de la administración del Estado y para su eficacia es necesario que cumplan con lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la CPR y el artículo 2° de la LOCBGAE, que resultan aplicables a todos los órganos públicos en el despliegue de sus actividades. Como consecuencia, deben satisfacer elementos o requisitos de legalidad que se consideran indispensables para su validez. Entre ellos la “investidura regular”, “competencia”, motivación, “forma” y “fin”.”

Agrega que, “(…) conforme a los antecedentes, aparece que en el ejercicio de las facultades otorgadas a la recurrida por la Ley 18.290, en los artículos 94, 148 y 158 de la Ley 18.290, en relación a los artículos 3 letra d) y 4 letra h) de la Ley 18.695, decidió “prohibir el estacionamiento en forma absoluta, salvo para residentes con tarjetón municipal”, en las calles que se indican, sin proceder a escriturar la decisión; manifestando su voluntad solo de forma verbal, por lo que no constan sus fundamentos en documento alguno.”

Prosigue el fallo, señalando que, “(…) para la que manifestación de voluntad de la administración sea legal y eficaz, requiere del cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos, la escrituración, conforme se establece en el artículo 5° LBPA, como también de su motivación, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N°19.880, que dispone que “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afecten derechos de particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio.”

Lo anterior, ya que “(…) permite dar cumplimiento a las actuales exigencias impuestas por los principios de “probidad, transparencia, y publicidad”, que hacen posible el control de la administración por órganos fiscalizadores, como también el escrutinio público de autoridades y sus decisiones.”

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Concluye la Corte resolviendo que, “(…)  la decisión de la autoridad administrativa manifestada en forma verbal, adolece de ilegalidad al no cumplir con la necesaria escrituración, y resulta arbitraria, al no contener los hechos y fundamentos de derechos que la motivan, requisitos esenciales del acto administrativo, conforme se encuentra establecido en la legislación, y además, en los artículos 6,7 y 8 de la Constitución.”

En base a esas consideraciones, la Corte acogió el recurso de protección en contra de la Municipalidad de la Florida y le ordenó a proceder al retiro de los lienzos, letreros, y todo tipo de prohibición de estacionar en las calles públicas, realizadas en virtud del acto administrativo verbal.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol N°14.610-2023.