Requerimiento de inaplicabilidad.
Normas que impiden en procedimiento de familia rendir prueba en segunda instancia y a los tribunales declarar de oficio las nulidades convalidadas, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.
La requirente sostiene que contravienen el debido proceso al impedir “rendir prueba” en segunda instancia; limitan el conocimiento del tribunal de alzada y sus facultades para corregir o anular los actos viciados; la igualdad ante la ley al discriminar arbitrariamente respecto a ciertos procesos y litigantes; y el principio de la esencia de los derechos al afectar esas garantías más allá de lo razonable, desnaturalizándolas.
Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 12, parte final, y el artículo 67 N°4 de la Ley N° 19.968, que Crea los Tribunales de Familia, en tanto impiden la presentación de pruebas en segunda instancia, como también los incisos 4° y 5° del artículo 25 del mismo cuerpo legal que impiden al tribunal de alzada anular de oficio las nulidades convalidadas.
Los preceptos legales impugnados establecen:
“Artículo 12, parte final: “El juez formará su convicción sobre la base de las alegaciones y pruebas que personalmente haya recibido y con las que se reciban conforme a lo dispuesto en el numeral 9) del artículo 61.”
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