Proyecto de ley modifica diversos cuerpos legales para contemplar la imposición de la medida de incomunicación si se trata de personas imputadas o condenadas por delitos graves.

La iniciativa, patrocinada por los senadores Juan Antonio Coloma, José Miguel Durana, Sergio Gahona, Javier Macaya y David Sandoval, busca establecer la incomunicación absoluta, sea con personas extrañas al establecimiento carcelario y con los internos imputados en prisión preventiva por delitos relativos a conductas terroristas, los contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, los relativos al tráfico de drogas, los señalados en la Ley de Control de Armas y por los delitos de asociación delictiva o criminal, sin perjuicio de los demás casos en que la ley pueda disponer la aplicación de este régimen.

Los autores del proyecto de ley sostienen que durante los últimos años en Chile ha aumentado la comisión de delitos y, sobre todo, delitos violentos o de mayor connotación social, como son el de homicidio, secuestro, sicariato, tráfico de drogas y armas, entre otros.

Esta realidad va de la mano con la sensación de inseguridad que se percibe a nivel país. En abono de lo que afirman citan el último reporte estadístico del Ministerio Público (enero-diciembre de 2023) y destacan que eventos como el aumento de ingreso de causas sin imputado conocido, que llegan al 58% aproximadamente de los ingresos en 2023, y la disminución de condenas efectivas, sumado al aumento de los tiempos de enjuiciamiento criminal, acrecientan esta la sensación.