Requerimientos de inaplicabilidad rechazados con votos en contra.
Normas que impiden la acusación del querellante en caso que el Ministerio Público no haya formalizado la investigación, se ajustan a la Constitución.
La Magistratura razona que la decisión de no perseverar es una decisión no solo legal sino constitucional, al reservarse en forma exclusiva al Ministerio Público la investigación, a cuyo ámbito pertenece la formalización, y a cuyo desenlace se asocia la decisión de no perseverar. La formalización es un trámite entregado solo a la Fiscalía y es el único resguardo de un principio de seriedad de la imputación, para que la acusación no se privatice en materias de acción penal pública.
El Tribunal Constitucional rechazó tres requerimientos de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, respecto de los artículos 248 letra c); 259 inciso final; y 261 letra a) del Código Procesal Penal.
Las normas que se solicitó declarar inaplicables en las gestiones pendientes –todas seguidas ante Juzgados de Garantía-, son las siguientes:
- “Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación y podrá, dentro de los diez días siguientes: (…)
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