Fallo a favor de la Asociación Nacional del Rifle.
Funcionarios gubernamentales no pueden suprimir la libertad de expresión abusando de las facultades conferidas por sus cargos, resuelve Corte Suprema de Estados Unidos.
Un funcionario del gobierno puede compartir sus opiniones y criticar creencias específicas, incluso de manera enérgica, para persuadir a otros. Sin embargo, la utilización del poder estatal para castigar o reprimir expresiones desfavorables está prohibida.
La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que los funcionarios gubernamentales no pueden indirectamente suprimir la libertad de expresión mediante la coerción, reafirmando su precedente en Bantam Books, Inc. contra Sullivan.
La opinión unánime del tribunal, redactada por la jueza Sotomayor, estableció que un funcionario del gobierno puede compartir sus opiniones y criticar creencias específicas, incluso de manera enérgica, para persuadir a otros. Sin embargo, la utilización del poder estatal para castigar o reprimir expresiones desfavorables está prohibida.
El caso involucró a María Vullo, ex superintendente del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS), quien, durante las investigaciones sobre los proveedores de seguros relacionados con la Asociación Nacional del Rifle (NRA) tras el tiroteo en Parkland, Florida, se reunió con ejecutivos y envió cartas de orientación a compañías de seguros e instituciones financieras. Estas instituciones habían estado suscribiendo programas de seguros ofrecidos por la NRA, como Carry Guard. La NRA alegó que Vullo, al instar a estas entidades a romper vínculos con la NRA, ejerció coerción indebida.
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