Instituciones educativas no pueden retener documentos académicos de sus alumnos por deudas dinerarias cuando existen motivos de fuerza mayor y voluntad de pago, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela interpuesta en favor de una joven a la que su institución educativa le negó el otorgamiento del título de bachiller por deudas de servicios impagas. Amparó su derecho fundamental a la educación, al constatar que el motivo de su incumplimiento contractual estaba fundamentado en razones económicas de fuerza mayor, y que no buscaba promover la “cultura del no pago”.

Según se narra en los hechos, la madre de la menor adeudaba al establecimiento las mensualidades de transporte y alimentos correspondientes al año 2022. A pesar de esta deuda, el colegio continuó proporcionando ininterrumpidamente el servicio educativo. No obstante lo anterior, negó a la alumna la entrega de su título de grado, pues la madre había “incumplido sus obligaciones económicas”, exigiendo que se pagara la totalidad de lo adeudado.

Posteriormente la progenitora solicitó sin éxito un nuevo acuerdo de pago, pues no le era posible cumplir con las condiciones propuestas. A raíz de esta situación, interpuso una acción de tutela contra el colegio, alegando que la no entrega del título vulneraba el derecho a la educación de su hija, por ser un impedimento para proseguir estudios universitarios.