Socavan la participación ciudadana y el trabajo periodístico.
Organizaciones denuncian violaciones a la libertad de expresión ante la CIDH.
El acoso judicial inhibe la crítica, desalienta investigaciones periodísticas y genera una cultura de autocensura que afecta la labor periodística y el derecho del público a la información. Los procesos judiciales, en muchos casos son largos, costosos y buscan desgastar psicológicamente a los demandados.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto con otras 24 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua, participaron recientemente en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las violaciones a la libertad de expresión que socavan la participación ciudadana y el trabajo periodístico.
En la audiencia virtual, realizada el 8 de julio ante los comisionados de la CIDH y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, bajo el título «Afectaciones al Derecho a la Libertad de Expresión por Medidas Estatales de Censura en las Américas», se presentaron ejemplos generales e individuales sobre problemas que tienen efectos negativos sobre la libertad de expresión en varios países de la región.
En los últimos años, las organizaciones han identificado y documentado tres tipos situaciones que generan censura indirecta por parte de gobiernos autoritarios en Latinoamérica, que intensifican las amenazas contra el ejercicio independiente del periodismo y la libertad de expresión en un estado democrático. Estos patrones, denunciados ante el organismo interamericano, son los siguientes:
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