Diario Constitucional

Migración.

Conozca los criterios de los tribunales superiores para revertir las expulsiones administrativas del territorio nacional.

El tratamiento de las personas en situación de migración no es un asunto baladí para nuestra magistratura, que ha razonado en diversos criterios para revocar expulsiones de personas que se han visto afectadas por erradas interpretaciones administrativas de la ley migratoria.

Por Redacción·25 de julio de 2024·3 min de lectura
imagen: media.licdn.com
Referencial

La migración -regular e irregular- es un fenómeno jurídico, respecto del cual, nuestros tribunales superiores se pronuncian día a día, mediante sentencias que resuelven acciones de protección, amparo, o reclamos de ilegalidad.

Así, los que se dedican a resolver las necesidades de quienes eligen nuestro país como un segundo hogar siempre están al pendiente de los criterios y decisiones de nuestra judicatura superior, a fin de resguardar los derechos de aquellos que por uno u otro motivo se ven forzados a abandonar su tierra natal.

Uno de los criterios para revocar la expulsión del país, ha sido la prescripción de la pena de una condena cumplida en el país de origen. En tal sentido, la Corte de Santiago ha expresado que, “(…) la Resolución emanada del Servicio Nacional de Migraciones, que ordena al amparado hacer abandono del territorio nacional, si bien se ajusta al mandato legal, establecido en el artículo 8° transitorio de la Ley N°21.235, toda vez que el amparado registra una condena en su país de origen por el delito de Fabricación, Tráfico y Porte de armas de fuego o municiones, según sentencia de fecha 15 de diciembre de 1998, en la que fue condenado a la pena de 8 meses de prisión, deviene en arbitraria si se tiene en consideración la fecha de comisión del delito por el que fue condenado, el 27 julio de 1998 y respecto del cual, se declaró la extinción de la pena, con fecha 10 de diciembre de 1999 y se certificó por la autoridad respectiva, con fecha 17 de diciembre de 2023, que el amparado no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales de su país de origen y se le declaró extinto por libertad o liberación definitiva; que con posterioridad a esa condena no ha cometido nuevo delito y que registra arraigo laboral en el territorio nacional” (Corte de Santiago Rol N°700-2024 amparo).

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