El Estado no puede invocar disposiciones de derecho interno para eximirse de cumplir con su obligación de reparar a víctimas de delitos de lesa humanidad.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Concepción, que revocó el fallo de base que condenó al Fisco al pago de 30 millones de pesos en favor de una víctima de prisión política durante la dictadura cívico militar, y en su lugar, desestimó la demanda por considerar prescrita la acción.

El demandante acusó ser detenido y torturado por agentes del Estado días después del 11 de septiembre de 1973. Refiere que los agentes lo amedrentaron sistemáticamente para lograr quebrantar su voluntad, y así obtener una confesión de presuntas internaciones de armas, e identidades de otros disidentes políticos como él; por lo tanto, solicita una indemnización de perjuicios por daño moral, al acreditar ser una de las víctimas de violencia política que reconoce el informe Valech.

El tribunal de primera instancia hizo lugar a la demanda, condenando al Fisco a pagar la suma de $30.000.000.- en favor del actor a título de daño moral; decisión que fue revocada por la Corte de Concepción, que acogió la excepción de prescripción, al estimar que entre la época de ocurridos los hechos y la presentación de la demanda (año 2019), transcurrió largamente el plazo de cuatro años que establece el artículo 2332 del Código Civil, y en su lugar, rechazó la demanda.