Si el precepto legal impugnado no es decisivo en la gestión pendiente al haberse agotado su aplicación, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad no puede prosperar.

El Pleno del Tribunal Constitucional rechazó, por unanimidad, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 429, inciso primero, parte final, del Código del Trabajo, y 4 bis, inciso segundo, de la Ley Nº17.322, que establece normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social.

Las normas que se solicitó declarar inaplicable para resolver la gestión pendiente –en un proceso de cobranza laboral, seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago-, son las siguientes:

“El tribunal, una vez reclamada su intervención en forma legal, actuará de oficio. Decretará las pruebas que estime necesarias, aun cuando no las hayan ofrecido las partes y rechazará mediante resolución fundada aquellas que considere inconducentes. De esta resolución se podrá deducir recurso de reposición en la misma audiencia. Adoptará, asimismo, las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso y su prolongación indebida y, en consecuencia, no será aplicable el abandono del procedimiento. (…)” (Art. 429, Código del Trabajo).