La Corte Suprema de los Estados Unidos denegó la solicitud del gobierno federal para implementar una nueva normativa del Título IX que ampliaría la protección a estudiantes LGBTQ+ bajo el concepto de «discriminación sexual». La decisión fue unánime en cuanto a mantener en vigor las resoluciones judiciales federales que bloquean la aplicación de tres disposiciones específicas de dicha normativa, mientras no se resuelvan las apelaciones correspondientes en los tribunales federales.
El fallo estuvo dividido en cuanto al alcance de las medidas cautelares. Una mayoría de cinco jueces decidió rechazar la petición del gobierno estadounidense, ratificando la totalidad de las medidas cautelares por diversas razones. Entre estas, se sostuvo que el gobierno no presentó una base adecuada para revocar la conclusión de las instancias inferiores, las cuales determinaron que los cambios propuestos en la definición de «discriminación sexual» para incluir la identidad de género están profundamente interrelacionados con otras disposiciones de la normativa, afectando su aplicación en conjunto.
Además, la mayoría consideró que el gobierno no identificó con precisión qué disposiciones podrían aplicarse de manera independiente de la definición de «discriminación sexual».
Finalmente, se mencionó que el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito abordará este asunto en audiencias orales previstas para octubre, lo que sugiere que una resolución definitiva podría ser alcanzada en breve.
Noticia Relacionada
Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor emitió una opinión disidente en la que habría limitado el alcance de las medidas cautelares, permitiendo la entrada en vigor de aquellas normas que no están relacionadas directamente con la identidad de género.
La jueza argumentó que las medidas cautelares en su forma actual son demasiado amplias, al impedir que entren en vigor disposiciones no controvertidas, como las que prohíben la discriminación por embarazo y regulan las consultas previas al empleo sobre el estado civil o el sexo de un solicitante. Estas disposiciones, según la disidencia, no abordan cuestiones de identidad de género ni acoso en un entorno hostil, por lo que su aplicación no debería verse afectada por el litigio en curso.
Este pronunciamiento se produce en el marco de diversos litigios suscitados respecto a la interpretación y aplicación del Título IX, especialmente en lo que respecta a la orden ejecutiva de 2021 emitida por el Presidente Joe Biden, que busca extender las protecciones del Título IX a estudiantes LGBTQ+. En la actualidad, 26 estados han bloqueado la implementación de las nuevas protecciones bajo el Título IX, y estas permanecerán suspendidas hasta que los tribunales federales de apelaciones resuelvan los méritos de las medidas cautelares impuestas.
El Título IX, parte de las Enmiendas a la Ley de Educación de 1972, originalmente prohibía la «discriminación basada en el sexo» en instituciones educativas que reciben fondos federales. Sin embargo, la definición de «sexo» en el momento de su promulgación no contemplaba la identidad de género ni la orientación sexual. Las acciones recientes del Departamento de Educación buscan incluir estos conceptos dentro del ámbito de protección del Título IX, lo que ha generado una serie de desafíos legales que ahora se encuentran en revisión judicial.