Acción judicial liderada por Texas.
Estados demandan al gobierno federal de EE.UU por cambios en política migratoria que benefician a inmigrantes indocumentados.
Los demandantes argumentan que estas medidas representan una desviación de las prácticas establecidas y cuestionan su compatibilidad con las leyes federales de inmigración. La demanda solicita que se reviertan los cambios y se restablezca la aplicación estricta de las normativas anteriores, argumentando que cualquier modificación de tal envergadura debería someterse al debido proceso legislativo.
El fiscal general del Estado de Texas, Ken Paxton, junto con representantes de otros catorce Estados, interpuso una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y varios funcionarios de la administración Biden, en relación con las recientes modificaciones implementadas en la política de inmigración a nivel federal. La demanda alega que los cambios introducidos vulneran las normativas vigentes y afectan la integridad del sistema migratorio.
En la demanda, el fiscal general de Texas sostiene que las nuevas directrices federales representan una alteración significativa en la aplicación de las leyes de inmigración. Específicamente, se impugna la legalidad de dos programas introducidos por la administración Biden.
El primer programa permite a los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses permanecer en el país durante el proceso de solicitud de residencia legal, eliminando la obligación previa de salir del territorio estadounidense mientras se tramita dicha solicitud.
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