Ley Karin y servicio público, por Álvaro Andaur Medina.

Como es de público conocimiento, con fecha 15 de enero de 2024 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.643 que modificó el Código del Trabajo y otros cuerpos legales para abordar la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el ámbito del trabajo. Esta ley, que ha sido conocida patronímicamente como Ley Karin, tuvo una vacancia legal de seis meses, entrando en vigencia a partir del 1 de agosto de 2024.

Una de las razones que impulsó la dictación de esta ley, fue la trágica muerte de Karin Salgado, técnica en enfermería (TENS) del Hospital Herminda Martín de Chillán, quien decidió poner término a su vida el 12 de noviembre del año 2019, a la edad de 40 años, debido al mobbing o acoso laboral del que fue objeto. El otro antecedente que jugó un rol relevante en la expedición de esta norma fue la aprobación del Congreso Nacional y posterior ratificación de parte del Poder Ejecutivo del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) sobre Violencia y Acoso en el Trabajo, el que fue adoptado por la Conferencia General de dicha organización, el 21 de junio de 2019, entrando en vigor en nuestro país a partir del 12 de junio de 2024.

El Convenio en cuestión, es relevante para estos efectos, puesto que pasa a adoptar un concepto de acoso laboral diverso del que se mantenía vigente en el ordenamiento jurídico nacional. Asimismo, adquiere importancia debido a su extenso ámbito de aplicación, ya que protege a las personas trabajadores sin importar su situación contractual. Esto quiere decir que se aplica en favor de trabajadores del sector público como del privado, cualquiera sea el tipo de relación laboral existente, incluyendo entre otros a: postulantes, aprendices, practicantes, voluntariado, etc., sea que la violencia o el acoso ocurra durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado de aquél.