Con voto en contra.
Cobro de patente municipal no procede respecto de una sociedad de inversión pasiva que aun cuando realiza actividades lucrativas no se encuentran gravadas.
El máximo Tribunal resuelve que para que proceda el pago de patente municipal es necesario que se realice una actividad gravada, lo cual en el caso de las sociedades de inversión consistiría en la prestación de un servicio como lo sería una asesoría mediante profesionales que estudien el mercado y guíen a los inversionistas.
La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Valparaíso, que desestimó una reclamación de ilegalidad interpuesta en contra de la Municipalidad de Zapallar.
La causa versa sobre un reclamo de ilegalidad contra un acto administrativo de la Municipalidad de Zapallar que cobró una patente municipal por el segundo semestre de 2019, por la suma de $1.993.465.-.
En su recurso de nulidad sustancial, la reclamante denunció la infracción de los artículos 23 y 27 del Decreto Ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales, en relación con el artículo 2 del Decreto Supremo N° 484 de 1980, que contiene el Reglamento para la aplicación de los artículos 23 y 24 del Decreto Ley N° 3.063, y los artículos 31 y 47 transitorios de la Ley 21.210, que moderniza la legislación tributaria. Sostuvo que el fallo no consideró que la sociedad reclamante es una sociedad de inversión pasiva, según su objeto social, y que no realiza ninguna de las actividades gravadas por el artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063, lo que implica que no debe pagar patente municipal. En consecuencia, solicitó que se anule el acto administrativo que decretó el cobro de la patente municipal.
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