Derecho al respeto de la vida privada y familiar.
Expulsión de migrante que cometió un delito de baja gravedad en Suiza no se ajusta a derecho, resuelve el TEDH.
Los tribunales solo centraron su evaluación en la naturaleza y la gravedad del delito, sin tener en cuenta que el demandante ya no representaba una amenaza para la seguridad pública. En particular, poco después de su condena, había encontrado un trabajo a tiempo completo que había conservado hasta su expulsión, y no cometió nuevos ilícitos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acogió la demanda interpuesta contra Suiza por la expulsión de un migrante que cometió un delito, al verificar que las autoridades no ponderaron debidamente todos los elementos del caso para fundar su decisión. Constató una violación al artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En 2018, el demandante, nacional de Bosnia y Herzegovina, fue condenado por tráfico de drogas al ser descubierto con 194 gramos de cocaína. Aunque recibió una pena de prisión en suspenso, los tribunales suizos ordenaron su expulsión durante cinco años en virtud del artículo 66a del Código Penal, argumentando que, a pesar de no estar involucrado en un tráfico a gran escala, el delito comprometía la seguridad pública.
Los recursos del hombre fueron rechazados, pues los tribunales estimaron que su integración en Suiza era limitada, dado que hablaba poco alemán y solo había tenido trabajos temporales. Además, consideraron que su familia podía adaptarse a un posible reasentamiento en Bosnia y Herzegovina, donde su esposa podría integrarse profesionalmente. Se concluyó que la expulsión no infringía desproporcionadamente su derecho a la vida familiar, prevaleciendo así el interés público en la seguridad. Posteriormente demandó a Suiza ante el TEDH.
Temas
Te puede interesar

Sanción disciplinaria.
Los abogados deben actuar como servidores de la Justicia, colaborar con los magistrados y ceñirse a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe, resuelve la Corte Suprema de Perú.

Principio de reparación.
Supermercado debe indemnizar a adulta mayor que sufrió graves lesiones al caer en sus dependencias, ordena un tribunal argentino.

Violación del deber de confidencialidad y protección.
Parlamento Europeo debe indemnizar a asistente parlamentario que fue relevado de funciones tras denunciar hechos de corrupción, resuelve el TGUE.

