Autoridades deben adoptar medidas idóneas para que trabajadores informales cuenten con ingresos durante su camino hacia la formalidad laboral, resuelve Corte Constitucional de Colombia.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela interpuesta por una trabajadora de la tercera edad que fue desalojada de su lugar de trabajo por utilizar un área no apta para ejercer su actividad. Amparó los derechos a la vida digna y a la confianza legítima de la accionante, al estimar que la autoridad no adoptó medidas de subsistencia para que la mujer pudiera preservar sus ingresos durante el proceso en su contra.

Una vendedora ambulante de la tercera edad denunció en sede judicial que, tras un proceso de restitución de bien inmueble público, la autoridad municipal destruyó su kiosco y la dejó sin alternativa para su subsistencia, a pesar de contar con 69 años de edad y de ser una trabajadora informal. Por su parte, la autoridad aseguró que durante el proceso se respetaron los derechos de la mujer, al tenor de la normativa aplicable.

Su pretensión fue desestimada en primera y segunda instancia. Los tribunales estimaron que la acción de tutela incoada no cumplió con los requisitos de procedencia contra una providencia judicial. Por su parte, consideraron que se había respetado el debido proceso de la accionante ya que asistió a todas las audiencias, estuvo acompañada por una defensora pública y entregó el inmueble de manera voluntaria. La decisión fue recurrida en sede constitucional.