Persecución contra defensores de los derechos humanos.
Colombia violó derechos de miembros de colectivo de abogados perseguidos y sometidos a vigilancia estatal, resuelve la Corte IDH.
El ejercicio de las actividades de inteligencia a cargo de los organismos del Estado, dados los medios empleados y su incidencia en la obtención y utilización de información, incluidos datos personales, supone una injerencia en la esfera de derechos de las personas, en particular del derecho a la vida privada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado colombiano por violar los derechos de los miembros del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR) y sus familiares. Constató que desde los años 90 y hasta al menos 2005, entidades estatales llevaron a cabo actividades de inteligencia arbitrarias que vulneraron los derechos fundamentales de las víctimas. Estas prácticas persistieron incluso bajo el marco regulatorio vigente, diseñada para regular las funciones de inteligencia y contrainteligencia.
Según los hechos narrados, funcionarios estatales vincularon a los miembros de CAJAR con grupos guerrilleros, promoviendo su estigmatización. Las víctimas también sufrieron actos de hostigamiento, intimidación y violencia, en algunos casos con participación directa de agentes estatales. Además, se descubrió que la información personal de las víctimas fue suministrada a grupos paramilitares, incrementando el riesgo para su vida e integridad personal.
Se constató que el Estado no investigó ni sancionó de manera efectiva los hechos de violencia, amenazas y hostigamientos, generando un ambiente de impunidad. Por estos motivos, varios miembros de CAJAR tuvieron que cambiar de residencia para salvaguardar su vida e integridad.
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