Reclamo de ilegalidad rechazado.
Principio de igualdad en la contratación pública no se transgrede por omisiones formales o discrepancias menores en la documentación, siempre que no se afecte la integridad de la oferta.
Resolvió que el proceso licitatorio se ha regido estrictamente por el Principio de Estricta Sujeción a las Bases, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 10 inciso 3° de la Ley N° 19.886, que impone a todos los participantes y a la entidad licitante cumplir con las normas establecidas en las Bases, que determinan los derechos y obligaciones de todos los intervinientes en el proceso de licitación.

La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la reclamación judicial interpuesta por una empresa en contra de la sentencia del Tribunal de Contratación Pública que rechazó su impugnación, en la que alegó incumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la adjudicataria de una licitación pública llevada a cabo por el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule.
La reclamante solicitó que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la Selección de Ofertas y de una resolución emitidas en el marco de una licitación pública para el proyecto “Plan de Reconstrucción Pavimentación Acceso a Villa Santa Olga” en la comuna de Constitución, Región del Maule.
Alegó que tanto la Comisión Evaluadora como la resolución impugnada vulneraron las bases de la licitación al adjudicar el contrato a un oferente que no cumplió con las disposiciones establecidas. Sostuvo que se infringió el principio de igualdad en la evaluación de las ofertas, favoreciendo de manera indebida a dicho oferente y aplicando de forma desigual los criterios de evaluación.
Temas
Te puede interesar

Eficiencia de los operadores y calidad del servicio.
La FNE recomienda al TDLC que se deje sin efecto la exigencia de licitaciones para que concesionarios de servicios fijos inalámbricos presten servicios móviles 5G.

Opinión.
Observaciones al Capítulo V de la Ley Nº19.886, por Maximiliano Salinas Valdés.

Acción de impugnación rechazada por Tribunal de Contratación Pública.
Certificado que acredita contratación de pueblos originarios y de personas mayores de 65 a fin de cumplir política de inclusión no trasgrede a la Ley N°21.015 si además certifica contratación de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez.

