Decreto alcaldicio que denegó renovación de patente de alcoholes prescindiendo de la consulta obligatoria a la junta de vecinos, es ilegal al infringir Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió una reclamación judicial interpuesta en contra de la Municipalidad de Colina, que negó la renovación de la patente de alcoholes de la actora.

La reclamante, una sociedad del giro restaurante, argumentó que la decisión carece de fundamentos claros, incurre en errores de hecho y derecho, y vulnera garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, el derecho de defensa y la confianza legítima. Alegó que el municipio no consideró las medidas adoptadas para mitigar molestias vecinales, fundamentó su decisión en informes técnicos inexistentes y aplicó criterios discriminatorios en comparación con otros locales similares. Agregó que la medida desconoce normativas específicas que autorizan espectáculos en vivo en restaurantes.

El municipio instó por el rechazo del reclamo, señalando que la decisión se adoptó conforme a la Ley de Rentas Municipales y la Ley de Alcoholes, tras la discusión respectiva en el Concejo Municipal, en cumplimiento de la política comunal. Argumentó que dicha facultad está basada en los artículos 40 y 41 del Decreto Ley N° 3.063 de 1979, y el artículo 65 letra o) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Además, defendió la legalidad del acto administrativo y destacó que el reclamante carece de legitimidad para actuar en el proceso debido a que no ha realizado la transferencia de la patente, como lo exige la ley. El municipio también se refirió a una serie de fiscalizaciones que evidenciaron irregularidades en el funcionamiento del local, tales como operar sin patente o con documentos de distinta razón social, además de quejas vecinales sobre ruidos molestos.