Invalidación de acto administrativo inicial no configura una conducta injusta o caprichosa que permita imputar el delito de prevaricación administrativa si tiene respaldo técnico.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la parte querellante en contra de la sentencia del Juzgado de Garantía de Limache, que absolvió a dos funcionarios públicos por los delitos de prevaricación administrativa.

El recurrente alegó que se falló vulnerando los principios de inmediación y de razón suficiente, el debido proceso, y con error en la aplicación del derecho, ya que en el acta de lectura de sentencia consta que quien la dictó es un juez distinto al que dirigió la audiencia de juicio simplificado, el que además, no cumplió con las formalidades establecidas en el artículo 4 de la Ley N°20.886, que exige el uso de una firma electrónica avanzada para validar las resoluciones judiciales, infringiendo la obligación de imparcialidad y transparencia en los proceso judiciales.

Aduce que, el sentenciador incumplió o ignoró al resolver la obligación que tiene la Administración de respetar el derecho del interesado a ser oído en los actos administrativos previos, desde que los actos realizados por los imputados, quienes eran funcionarios públicos, omitieron las garantías procesales previstas en el artículo 53 de la Ley N°19.880. Este incumplimiento habría causado una situación de indefensión absoluta, vulnerando los principios de contradicción e impugnabilidad en perjuicio de la parte querellante.