Diario Constitucional

Corte Suprema confirma fallo

Rechazo de solicitud de arriendo de inmueble fiscal no vulnera derechos fundamentales del recurrente, ya que basa en la situación jurídica del bien.

No se ha incorporado ningún antecedente que permita establecer que el rechazo obtenido en su postulación haya significado una discriminación, dado que, las decisiones administrativas no fueron tomadas en consideración a la situación de la recurrente, sino en atención a la situación jurídica, técnica y administrativa del inmueble postulado en arriendo, siendo su trato similar al que hubiera recibido cualquier otra persona.

Por Redacción·07 de febrero de 2025·3 min de lectura
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La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Antofagasta del Ministerio de Bienes Nacionales, por el rechazo de la solicitud de postulación de la actora respecto al arriendo de un inmueble fiscal.

La recurrente expuso que solicitó el arriendo de un inmueble fiscal en la comuna de Sierra Gorda para un galpón destinado a servicios de la minería, pero que dicha solicitud fue rechazada por SEREMI de Bienes Nacionales debido a la existencia de servidumbres mineras, restricciones por acuíferos y áreas turísticas prioritarias. Alegó que, al desestimar su petición, se vulneró la igualdad ante la ley, ya que la normativa permite la coexistencia de servidumbres con otros gravámenes, como arrendamientos, siempre que se realice una evaluación. Además, indicó que la planificación territorial permite excepciones para subdividir y urbanizar predios rurales, y cuestionó el rechazo adicional basado en la ubicación fuera del radio urbano, lo que no tuvo oportunidad de impugnar. También invocó la vulneración de su derecho al desarrollo económico y al debido proceso.

La recurrida instó por el rechazo de la acción, señalando que rechazó la solicitud, basándose en que el predio se encuentra afectado por servidumbres mineras, acuíferos, y áreas turísticas prioritarias, cumpliendo con la normativa vigente. Argumentó que las servidumbres mineras son incompatibles con un proyecto industrial y que el predio está fuera del radio urbano, lo que hace inviable su administración para arriendo.

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