Acción de protección rechazada en
Corte de suministro de agua se ajusta a derecho si se acredita que el agua no se destina a fines domésticos o a los autorizados por la ley.
La suspensión del servicio de agua potable rural a la sociedad recurrente, no es ilegal, puesto que, es indudable que la prestación del servicio por el operador, debe ajustarse a los presupuestos legales y reglamentarios.

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de La Serena, que acogió el recurso de protección interpuesto en contra del Comité de Agua Potable y Alcantarillado Rural Cerrillos de Tamaya, por la interrupción arbitraria del suministro de agua potable de la actora.
La recurrente expuso que, pese a haber cumplido con todas sus obligaciones, como los pagos puntuales, el Comité la comenzó a hostigar y, sin previo aviso ni oportunidad de defensa, cortó el suministro de agua el 8 de octubre de 2024. Denunció que tal actuación es ilegal y arbitraria, pues las «irregularidades» señaladas no le son atribuibles, y que la interrupción afecta derechos fundamentales como el derecho a la vida, integridad física y psíquica, el debido proceso y la propiedad.
Solicitó el restablecimiento inmediato del suministro de agua.
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