Condena por tráfico de drogas en pequeñas cantidades se anula por falta de fundamentación de la sentencia en lo referido a orden de arresto por la Corte Suprema.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó al recurrente a la pena de ochocientos dieciocho días de presidio menor en su grado medio, accesoria de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena, el comiso de especies incautadas y costas de la causa, en calidad de autor de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, en concurso con el delito previsto en el artículo 8 de la Ley 20.000, ambos en grado de ejecución consumado. La pena corporal fue sustituida por la de libertad vigilada con un plazo de observación equivalente al del castigo impuesto.

El sentenciado se alzó de nulidad ante la Corte Suprema en base al motivo de invalidación de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal. Denunció infracción a la garantía de disponer de un proceso previo, legalmente tramitado, reconducida al ingreso y posterior registro de su domicilio, actuando los funcionarios aprehensores fuera del marco legal. Esto, por cuanto la diligencia policial estaría amparada en una supuesta orden judicial de arresto librada por el Juzgado de Familia de Punta Arenas, cuya materialidad nunca fue registrada y a partir de la cual se concretó una indebida intromisión a la vivienda, lesionando con ello la garantía fundamental de la inviolabilidad del hogar.

Por ello reclama infringidas las garantías del artículo 19, numeral 3 inciso sexto y numeral 5, ambas de la Constitución.