Diario Constitucional

Corte Suprema acoge recurso

Declaración de vacancia del cargo es arbitraria al no fundamentar por qué el estado de salud del actor es incompatible con el cargo.

La resolución impugnada se limita a consignar el tiempo en que el recurrente gozó de licencias médicas, señalar las normas pertinentes, sin ofrecer razones que expliquen por qué su estado de salud, tras la cesación de las licencias médicas y su reincorporación efectiva al Hospital, es incompatible con las tareas a las que está asignado.

Por Redacción·26 de marzo de 2025·4 min de lectura
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Referencial

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que rechazó el recurso de protección interpuesto en contra del Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda, por declarar vacante el cargo del actor por salud incompatible.

El recurrente expuso que padeció enfermedades de origen psiquiátrico debido al impacto emocional de la pandemia y problemas familiares, por lo que estuvo con licencia médica entre mayo de 2022 y junio de 2023, tras lo cual retomó sus funciones sin inconvenientes. Alegó que la autoridad se basó únicamente en el tiempo de licencia para desvincularlo, sin considerar que la COMPIN determinó que su salud era recuperable. Sostuvo que la aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo fue errónea, ya que la norma exige una evaluación previa de irrecuperabilidad para declarar la vacancia del cargo, lo que en su caso no ocurrió. Afirmó que esta interpretación vulnera sus derechos fundamentales y contradice la reforma introducida por la Ley N° 21.050, destinada a evitar arbitrariedades en este tipo de decisiones.

La Corte de Santiago rechazó la acción cautelar, al considerar que la resolución impugnada se dictó conforme a lo dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, luego de que la COMPIN determinara que la salud del funcionario era recuperable, lo que habilitaba a la autoridad para declarar su incompatibilidad con el cargo. Además, la Contraloría General de la República confirmó la legalidad del acto administrativo, ratificando que se cumplieron los requisitos normativos y que la decisión se ajustó a derecho. Finalmente, agregó que el recurso de protección no es un mecanismo para impugnar decisiones administrativas adoptadas dentro del marco normativo vigente.

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