Un grupo de decanos pertenecientes a 79 facultades de derecho de Estados Unidos emitió una declaración conjunta para condenar las recientes medidas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump para sancionar a determinados bufetes de abogados. En la carta, firmada a título individual, se hace referencia a principios constitucionales que regulan la profesión jurídica y el derecho a defensa.
El documento enfatiza que el Estado no debe imponer sanciones a abogados o firmas legales en función de los clientes que representan, salvo que exista un pronunciamiento que determine la ilegalidad o falta de ética en su actuación. Asimismo, se argumenta que la aplicación de sanciones en este contexto podría entrar en conflicto con la Primera y la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, las cuales garantizan la libertad de expresión, el derecho de asociación y el acceso a una defensa legal efectiva en procesos penales.
En el último mes, el gobierno federal emitió órdenes ejecutivas dirigidas contra cuatro bufetes de abogados, aduciendo que sus actividades eran contrarias a intereses estratégicos del país. Entre las medidas adoptadas, se encuentran la suspensión de autorizaciones de seguridad, la rescisión de contratos con entidades gubernamentales y la restricción del acceso a instalaciones federales.
Las órdenes han señalado como fundamento la representación, por parte de las firmas sancionadas, de determinados individuos o grupos vinculados a procesos legales de relevancia política. Entre los casos citados, se encuentra la decisión de imponer sanciones al bufete Covington & Burling, que proporcionó asistencia jurídica pro bono a un exfiscal especial involucrado en investigaciones previas contra el gobierno de Trump.
Otra de las órdenes ejecutivas estuvo dirigida a la firma Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison. Según la orden, un socio del bufete presentó una demanda pro bono contra personas presuntamente vinculadas a los sucesos del 6 de enero en el Capitolio. La orden también menciona la contratación de un abogado que habría influido en los testigos en un proceso legal contra Trump. Posteriormente, esta orden fue revocada tras negociaciones entre el gobierno y la firma afectada.
Asimismo, la firma Perkins Coie fue objeto de sanción a causa de su representación de clientes en casos relacionados con el proceso electoral de 2016. En este caso, se alegó que ciertas acciones judiciales emprendidas por la firma estuvieron dirigidas a influir en el resultado de dicha elección.
El gobierno también ha fundado algunas de sus decisiones en criterios relacionados con políticas de contratación y diversidad en el sector legal. En este sentido, la firma Jenner & Block fue sancionada bajo el argumento de que sus prácticas de empleo podrían entrar en contradicción con disposiciones legales sobre igualdad de oportunidades. De manera similar, la orden ejecutiva contra Perkins Coie incluyó referencias a políticas internas de contratación que, según el gobierno, podrían constituir discriminación con base en criterios raciales.
Frente a estas medidas, Perkins Coie ha iniciado acciones legales contra la administración, alegando que la orden ejecutiva vulnera preceptos constitucionales. La demanda sostiene que la imposición de sanciones a la firma representa una medida de represalia que afectaría la independencia del ejercicio de la abogacía.
En este caso, un juez federal ha dictado una medida cautelar que suspende temporalmente la aplicación de la orden ejecutiva contra Perkins Coie. Además, rechazó la solicitud del Departamento de Justicia para que se apartara del caso, tras presentarse alegaciones sobre una posible falta de imparcialidad en el proceso.