El Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta acogió la demanda interpuesta por el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) contra la Municipalidad de Antofagasta, condenando a esta última a pagar una indemnización de $458.305.984.- por los perjuicios causados debido a la paralización injustificada de las obras de mejoramiento de la Avenida Ejército, con costas.
En su fallo, el tribunal determinó que, «Ha sido acreditado que el atraso en la programación original del proyecto se debió a que, iniciadas la ejecución de las obras, funcionarios de la municipalidad de Antofagasta paralizaron éstas, exigiendo requisitos a SERVIU y empresa constructora, en contravención a las normas legales vigentes y a sus actos propios, lo que no puede sino ser calificado como una conducta negligente, o constitutiva de falta de servicio.»
El tribunal rechazó el argumento de la Municipalidad de que el atraso se debió a errores de diseño del proyecto; estableció que la exigencia de un permiso de urbanización por parte del Director de Obras Municipales era improcedente; determinó que la Municipalidad actuó de forma negligente al desconocer aprobaciones previas de proyectos de especialidades y acreditó el nexo causal entre la conducta de la Municipalidad y el daño sufrido por el SERVIU.
Concluyó que la reprogramación de obras y aumento de plazos, con las consecuentes pérdidas económicas, fueron resultado directo de la «postura persistente de funcionarios de la municipalidad demandada consistente en exigir un permiso de urbanización improcedente y desconocer las autorizaciones de proyectos de especialidades aprobados previamente».
La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó, con costas del recurso, la sentencia impugnada que condenó al municipio por el actuar negligente de funcionarios que paralizaron el proyecto, en marzo de 2020, al exigir un permiso de urbanización improcedente.
Reitera en su fallo que, “(…) iniciada la ejecución de las obras, funcionarios de la Municipalidad de Antofagasta, las paralizaron, exigiendo requisitos a SERVIU y empresa constructora, contraviniendo las normas legales vigentes y sus actos propios, lo que permitió calificar su conducta como negligente o constitutiva de falta de servicio, en atención a los conocimientos y la calidad técnica que deben ostentar los funcionarios municipales que intervinieron”.
Confirmó la condena al pago de una indemnización de $458.305.984.- por concepto de daño emergente, al establecer que hubo responsabilidad extracontractual por falta de servicio de parte del municipio debido a la paralización que provocó un retraso de 248 días en la ejecución del proyecto y que existe el nexo causal entre la conducta de la Municipalidad y el daño sufrido por el SERVIU.
El fallo señala que, «De manera independiente al hecho de que haya participado o no la Municipalidad en la ejecución de la obra, al exigir un permiso de edificación en tal situación de manera errada, sin lugar a duda fue determinante en el retraso de la obra»
Este fallo sienta un precedente importante sobre la responsabilidad de los municipios en la ejecución de obras públicas y los costos asociados a decisiones administrativas erróneas.
Vea sentencia Corte de Antofagasta Rol 704-2024 y 4° Juzgado de Letras Civil de Antofagasta Rol Nº C-2110-2022.