Ley de Extranjería.
Corte Suprema revoca decisión en alzada: basta el ingreso por paso no habilitado para decretar la expulsión.
La actual Ley de Extranjería contempla como supuesto para decretar la medida de expulsión administrativa, entre otros, el ingreso por un lugar no habilitado, eludiendo el control migratorio, transgresión en que ha incurrido el actor.

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por un ciudadano venezolano en contra del Servicio Nacional de Migraciones, que dispuso su expulsión del territorio nacional y una prohibición de ingreso por 5 años.
El recurrente expuso que ingresó a Chile por paso no habilitado debido a la grave situación política, económica y social de Venezuela, que afecta derechos humanos básicos. Relató que viajó junto a su cónyuge para reunirse con su hijo y nietos, quienes residen en la Región de Coquimbo, y que desde su llegada ha trabajado en la reconstrucción de infraestructura local, contribuyendo al desarrollo de la zona. Sostuvo que se autodenunció ante la PDI, realizó trámites para regularizar su situación migratoria, accedió a FONASA y recibe tratamiento por hipertensión. Añadió que la expulsión no considera su edad (67 años), su arraigo familiar, ni sus condiciones de salud, y que se fundamenta erróneamente en el supuesto incumplimiento del plazo para formular descargos, pese a haberlos presentado en tiempo y forma.
El Servicio Nacional de Migraciones instó por el rechazo de la reclamación, afirmando que la resolución que dispuso la expulsión del extranjero fue dictada por autoridad competente, en conformidad con la normativa vigente y debidamente fundamentada. Indicó que el actor reconoció haber ingresado clandestinamente por la zona de Colchane, y que si bien se inscribió en el proceso de empadronamiento biométrico 2023, este no se concretó. El procedimiento sancionatorio se inició mediante notificación al correo electrónico proporcionado por el propio extranjero, informándosele la causal de expulsión conforme al artículo 127 N° 1 en relación con el artículo 32 N° 3 de la Ley 21.325, dándole plazo para formular descargos, lo cual no hizo en tiempo oportuno. Afirmó que el acto administrativo fue dictado con fundamento, motivación, proporcionalidad y razonabilidad, valorando, entre otros factores, la gravedad de los hechos y la falta de vínculos significativos en Chile.
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