Ministerio Público debe entregar contratos con prestadores de servicios para el desarrollo de la Red de Gestión Penal.

La Corte Suprema acogió el recurso de queja interpuesto en contra de los ministros de una sala de la Corte de Santiago, por haber dictado con falta y abuso grave la resolución que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de la decisión del Ministerio Público, que negó el acceso a la información consistente en los contratos celebrados entre este y todo prestador de servicios, entre los años 2018 y 2022, para la instalación, desarrollo y ejecución del sistema Red de Gestión Penal.

La negativa se basó en que los contratos forman parte de una investigación penal y administrativa en curso, lo que justifica la reserva de la información conforme al artículo 21 de la Ley de Transparencia y el artículo 182 del Código Procesal Penal.

El reclamante argumentó que estos contratos no están sujetos a reserva, pues no son actos de investigación, sino actos jurídicos finales, y que la negativa infringe varias normativas constitucionales y legales.