El bufete de abogados “Burwick Law” interpuso una demanda colectiva contra diversos promotores vinculados a la criptomoneda LIBRA. Inicialmente presentada ante una corte estatal en los Estados Unidos, la acción fue trasladada a la jurisdicción federal conforme a lo dispuesto por el juez de instancia. En la misma resolución, se dispuso además la acumulación de esta causa con otra acción colectiva vinculada al token M3M3, presuntamente promocionado por los mismos demandados
A diferencia de las investigaciones penales actualmente en curso en Argentina, país en el que incluso se vinculó al presidente Javier Milei, esta demanda no involucra a funcionarios públicos ni a empresarios radicados en dicho país, ya que el objetivo de la acción es obtener una reparación civil y determinar eventuales responsabilidades por la promoción de activos digitales calificados como fraudulentos por la parte demandante.
Conforme a los antecedentes del caso, una porción significativa de los compradores del token LIBRA se encontraría en los Estados Unidos. Ello ha sido considerado por Burwick Law como fundamento para sostener la competencia de la jurisdicción federal, sin que hasta la fecha se haya iniciado una investigación penal por parte de agencias federales.
Entre los demandados se encuentran Hayden Davis, identificado como integrante de la firma Kelsier, y Benjamin Chow, exejecutivo de Meteora. Cabe señalar que sobre Davis pesa una orden de captura emitida por Interpol en marzo del presente año. Chow, por su parte, solicitó el traslado de la causa a la justicia federal, lo cual fue concedido por la magistrada interviniente.
La acumulación de la causa LIBRA con la relacionada al token M3M3 obedece a la presunta similitud de los hechos alegados y a la existencia de patrones comunes de conducta por parte de los promotores. Esta decisión permitirá abordar los elementos probatorios en un marco unificado, conforme a lo dispuesto por las normas procesales aplicables.
Finalmente, se señala que el estudio demandante ha delimitado el ámbito de su pretensión a la responsabilidad civil de particulares y entidades privadas. Así, no se han formulado imputaciones contra autoridades gubernamentales, ni se ha solicitado la intervención de organismos estatales en el extranjero, limitándose la acción a la búsqueda de resarcimiento económico en favor de los demandantes.