La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que la ley del Estado de Texas HB 1181, que establece la obligación para determinadas entidades de implementar mecanismos de verificación de edad antes de permitir el acceso a contenidos de carácter sexual explícito, se ajusta a derecho. Así, la normativa está dirigida a personas jurídicas que distribuyen material considerado perjudicial para menores, imponiéndoles el deber de aplicar métodos razonables para confirmar que el usuario tiene al menos 18 años de edad. Tales métodos incluyen la presentación de una identificación digital o el uso de un sistema de verificación basado en datos transaccionales.
En instancia, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito sostuvo la validez de la norma aplicando un control de constitucionalidad bajo el estándar de base racional. Este tribunal concluyó que el objetivo gubernamental de restringir el acceso de menores a material pornográfico constituye un interés legítimo, y que la medida impuesta por la ley es racionalmente adecuada para alcanzar dicho propósito. Esta decisión fue recurrida ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
La parte recurrente, la Free Speech Coalition, adujo que la normativa estatal introduce restricciones indebidas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión por parte de personas adultas. No obstante, la opinión mayoritaria de la Corte determinó que el escrutinio aplicable es el intermedio, dado que la ley no regula el contenido del discurso per se ni lo hace de manera explícita o implícita en su justificación.
La Corte reconoció que, si bien la medida afecta el acceso de los adultos a determinadas formas de expresión, no exige el uso del estándar más riguroso, en tanto se limita a restringir material considerado obsceno para menores, categoría que no goza de protección constitucional. De esta forma, se validó la constitucionalidad de la ley sin requerir un análisis de escrutinio estricto.
Por su parte, la opinión disidente sostuvo que la normativa debió haber sido evaluada bajo un estándar más estricto, al entender que la medida impone una carga significativa sobre el acceso de adultos a expresiones protegidas por la Primera Enmienda, condicionándolo en función del contenido.
Según información de la Asociación de Proveedores de Verificación de Edad, al menos 24 estados de EE. UU. han promulgado leyes con requisitos análogos.
“La facultad de verificar la edad es parte del poder estatal de impedir que los menores accedan a expresiones consideradas obscenas desde su perspectiva. Allí donde la Constitución reserva un poder a los Estados, también reserva los medios ordinarios y apropiados para ejercerlo. Requerir prueba de edad constituye un medio ordinario y adecuado para hacer cumplir una restricción basada en la edad respecto a la obscenidad dirigida a menores. La verificación de edad es común cuando las leyes establecen límites etarios, como sucede en la obtención de alcohol, armas de fuego o permisos de conducir. La obscenidad no es una excepción”, señala el fallo.
“El requerimiento de verificación de edad promueve el legítimo interés de Texas en proteger a los menores frente a contenido sexual explícito, y está adecuadamente ajustado a dicho interés. El estatuto adapta un enfoque tradicional al contexto digital. Los métodos específicos permitidos por H.B. 1181 —identificación emitida por el gobierno y datos transaccionales— son legítimos y ampliamente utilizados por sitios pornográficos y otros sectores con servicios restringidos por edad. El tribunal también señala que el estándar de escrutinio intermedio no exige que los Estados adopten el medio menos restrictivo posible ni que eviten toda subinclusividad normativa», agrega el texto.