Opinión
Fuga, impunidad y fallas: el sistema penal chileno en crisis, por Camila Torrejón Díaz
La fuga de Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el asesinato del denominado Rey de Meiggs, expuso con crudeza las limitaciones del sistema penal chileno ante el crimen organizado. El caso no solo cuestiona el uso de garantías procesales, sino que exige una reforma profunda que permita equilibrar la seguridad ciudadana con los derechos fundamentales, sin caer en respuestas populistas ni renunciar al Estado de Derecho.
La reciente fuga y posterior captura en Colombia de Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el homicidio del denominado Rey de Meiggs, ha abierto un intenso debate en nuestro país sobre las falencias estructurales del sistema de justicia penal. No se trata simplemente de un hecho aislado ni de un error puntual en la gestión procesal sino que es un acontecimiento que desnuda la fragilidad del Estado frente al crimen organizado transnacional, cuestionando la capacidad institucional de Chile para garantizar tanto la seguridad ciudadana como los derechos fundamentales.
La pregunta que nace ante esto es inquietante, ¿qué ocurre cuando un sistema de justicia, diseñado para un modelo de criminalidad tradicional, debe enfrentarse a fenómenos delictuales que responden a lógicas de redes internacionales, financiamiento ilícito y violencia planificada?
Equilibrio entre garantías y seguridad
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