Perú: ¿Quién conduce la investigación del delito en la constitución política?, por Rafael Rodríguez

El martes 5 agosto de 2025 se publicó la Sentencia 150/2025 (Caso de las atribuciones del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la conducción de la investigación del delito) sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por el MP y el Colegio de Abogados de La Libertad contra el artículo único de la Ley 32130 (Ley que modifica el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la PNP y agilizar los procesos penales) y los Decretos legislativos 1592, 1604, 1605 y 1611, respectivamente.

La pregunta constitucionalmente relevante

Al respecto, consideramos oportuno analizar el contenido y alcances de dicha sentencia pues ello nos permitirá responder con claridad, sobre todo ahora que el país atraviesa por una grave crisis de inseguridad y orden interno, la siguiente pregunta: ¿A qué entidad le corresponde conducir la investigación del delito en el Perú? Responder esta interrogante es importante pues en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado también es necesario garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía y, por ende, es fundamental saber a ciencia cierta cuál es el reparto de funciones que la Carta Política ha definido en esta materia.