La peligrosa permeabilidad del sistema penal ante el crimen organizado

La reciente liberación del sicario involucrado en el denominado caso Meiggs, quien tras ser dejado en libertad por un aparente error administrativo ahora cuenta con una orden de captura internacional, pone en evidencia una verdad incómoda: nuestro sistema penal es más frágil y permeable de lo que quisiéramos admitir, especialmente frente al avance del crimen organizado.

Más allá de los dimes y diretes entre los diversos estamentos que se vieron – de una u otra manera- involucrados en la liberación, el resultado fue que un sujeto imputado por homicidio, presunto integrante de una organización criminal, volvió a la calle. Lo grave no es solo la fuga, lo verdaderamente alarmante es que este hecho no parece un caso aislado.

Desde el punto de vista jurídico, este episodio nos obliga a examinar cómo nuestras instituciones -Poder Judicial, Gendarmería, Fiscalía- se están enfrentando a una criminalidad que ya no opera bajo las reglas tradicionales del delito común. El crimen organizado, especialmente en su versión más violenta como los sicariatos, funciona con lógicas empresariales, grandes recursos y conexiones a escala nacional e internacional. Y frente a eso, nuestro sistema penal sigue anclado en una burocracia que muchas veces privilegia el trámite por sobre el fondo, la forma por sobre la función. No deja de impresionar que estos casos sean mejor tratados desde el punto de vista mediático que desde punto de vista jurídico, pues al parecer los periodistas investigan de manera más prolija que los propios órganos constitucionales creados para ello, este simple detalle pone en tela de juicio al sistema democrático acusatorio y cuestiona a la base su legitimidad.