Corte confirma demolición de la Feria de Artesanía de Santo Domingo y rechaza reclamo contra el municipio

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Asociación Gremial de Artesanos y Comerciantes Santo Domingo Vive A.G. en contra de la Municipalidad de Santiago, confirmando la legalidad del decreto alcaldicio que ordenó la demolición total de las construcciones existentes al interior de un inmueble ubicado en el sector de calle Santo Domingo, en el que funcionaba la Feria de Artesanía de Santo Domingo.

La reclamante sostuvo que el acto administrativo era ilegal y arbitrario, afirmando que el decreto carecía de una fundamentación suficiente, pues no precisaba cuáles serían las obras que infringían la normativa urbanística ni la forma en que estas implicarían un riesgo. Alegó también la infracción al debido proceso administrativo, señalando que ni la asociación ni sus asociados fueron notificados del procedimiento, pese a ser interesados directos conforme a la Ley N°19.880.

Asimismo, argumentó que el decreto de inhabilidad del inmueble dictado en 2007 —que serviría de fundamento a la demolición— nunca habría sido notificado a los actuales interesados, lo que habría impedido cualquier proceso de regularización. Sostuvo, además, que dicho acto administrativo habría decaído con el paso del tiempo, considerando que durante años la actividad comercial se mantuvo con conocimiento del municipio y mediante el pago de tributos municipales asociados al funcionamiento de la feria. Añadió que la medida vulneraba garantías constitucionales, al impedir el ejercicio de actividades económicas que se habrían desarrollado por décadas con la aquiescencia de la autoridad comunal.

Por su parte, la Municipalidad de Santiago solicitó el rechazo del reclamo, señalando que el decreto de demolición se encontraba plenamente ajustado a derecho, por cuanto se fundaba en la constatación de obras ejecutadas sin permiso de edificación ni certificado de recepción final, en infracción a los artículos 116 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Indicó que las construcciones existentes correspondían a edificaciones precarias que no ofrecían garantías de habitabilidad, seguridad ni estabilidad, representando un riesgo para sus ocupantes y para terceros.

Añadió que el procedimiento administrativo respetó las garantías del debido proceso, ya que la medida fue notificada al propietario del inmueble, quien es el titular del derecho de dominio y el sujeto obligado frente a la normativa urbanística, sin que exista obligación legal de notificar a ocupantes, arrendatarios o asociaciones gremiales que carecen de derechos reales sobre la propiedad.