Diario Constitucional

Responsabilidad médica por control

Clínica Oftalmológica deberá indemnizar con $45 millones a paciente por deficiente seguimiento tras cirugía ocular

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la sentencia que condenó a una clínica oftalmológica a pagar $45.004.009 a un paciente que sufrió una severa pérdida de visión después de una cirugía refractiva. El tribunal concluyó que la responsabilidad del establecimiento no se originó en la…

Por Redacción·29 de agosto de 2026·5 min de lectura
Clínica Oftalmológica deberá indemnizar con $45 millones a paciente por deficiente seguimiento tras cirugía ocular
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La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la sentencia que condenó a una clínica oftalmológica a pagar $45.004.009 a un paciente que sufrió una severa pérdida de visión después de una cirugía refractiva. El tribunal concluyó que la responsabilidad del establecimiento no se originó en la aparición de una complicación conocida del procedimiento, sino en las deficiencias del seguimiento postoperatorio, que impidieron diagnosticarla y tratarla oportunamente.

La Corte rechazó las apelaciones de ambas partes y mantuvo la indemnización fijada en primera instancia: $5.004.009 por daño emergente y $40 millones por daño moral.

El conflicto surgió luego de que el paciente fuera sometido a una cirugía de queratectomía fotorrefractiva (PRK) en ambos ojos. Posteriormente desarrolló una ectasia corneal en el ojo izquierdo, que le provocó una importante pérdida visual y respecto de la cual se le indicó un trasplante de córnea como alternativa terapéutica.

El paciente demandó a la clínica por responsabilidad contractual, atribuyéndole deficiencias en los controles posteriores a la intervención.

La clínica apeló de la condena y sostuvo que no infringió la lex artis. Afirmó que el paciente recibió atención permanente, fue controlado por personal capacitado y se efectuaron más controles que los contemplados habitualmente en los protocolos. Añadió que la ectasia corneal constituye una complicación conocida de estas cirugías, puede responder a diversas causas y su aparición no implica por sí sola negligencia médica.

La Corte reconoció que esta complicación puede presentarse después de una cirugía refractiva y que, según los antecedentes del proceso, su incidencia sería inferior al 0,5%. También tuvo presente que la intervención se realizó sin incidentes y que el paciente era apto para someterse al procedimiento.

Sin embargo, precisó que la responsabilidad de la clínica no se fundó en la aparición de la ectasia, sino en la forma en que fue manejada posteriormente.

Un informe pericial concluyó que los controles postoperatorios fueron realizados principalmente por tecnólogos médicos y que se formularon diagnósticos, indicaciones y modificaciones de tratamientos sin una evaluación presencial oportuna de un oftalmólogo, lo que constituyó una infracción a la lex artis.

La ficha clínica registró ocho controles posteriores a la cirugía, de los cuales solo dos fueron efectuados por un cirujano. Durante las primeras semanas persistieron problemas de cicatrización, molestias y alteraciones corneales. Más tarde, el paciente presentó dolor agudo, opacidad y enrojecimiento en el ojo izquierdo, pese a lo cual se mantuvieron tratamientos farmacológicos sin una evaluación especializada o exámenes de imagen oportunos.

El peritaje estableció que el deficiente control postoperatorio retrasó el diagnóstico de la ectasia. Aunque los medicamentos indicados podían aliviar algunos síntomas, no eran suficientes para detener su progresión.

Si bien no pudo determinarse con certeza cuál habría sido el resultado con un seguimiento más diligente, el experto destacó que el pronóstico de una ectasia corneal progresiva depende en gran medida de la oportunidad del diagnóstico y que existen tratamientos capaces de frenar o disminuir su evolución cuando son aplicados tempranamente.

La Corte concluyó, por ello, que las infracciones a la lex artis privaron al paciente de un diagnóstico y tratamiento oportunos, permitiendo que la afección progresara hasta provocar pérdida visual y un daño corneal severo que requiere trasplante.

El tribunal estimó que la clínica incumplió una obligación de medios. Explicó que no estaba obligada a garantizar la recuperación del paciente, pero sí debía actuar diligentemente frente a una evolución postoperatoria anormal.

La Corte también descartó la afirmación de que el cirujano tratante hubiera realizado personalmente el control efectuado 24 horas después de la operación. La ficha clínica señalaba que esa atención había sido realizada por una tecnóloga médica y, ante la contradicción con el testimonio posterior del profesional, el tribunal otorgó mayor valor al registro clínico.

Otro aspecto considerado fue el consentimiento informado. La clínica sostuvo que el paciente había sido advertido de los riesgos de la cirugía, pero el documento respectivo no fue acompañado al proceso ni existía constancia de él en la ficha clínica. Por ello, el tribunal concluyó que el establecimiento tampoco acreditó adecuadamente el cumplimiento de su deber de información.

La clínica cuestionó además el informe pericial, alegando que fue evacuado fuera de plazo, que no pudo formular observaciones y que no fue incorporado con citación.

La Corte rechazó esas objeciones. Explicó que la pericia fue decretada oportunamente como medida para mejor resolver y que su ejecución posterior no produjo indefensión. Además, destacó que la propia clínica había solicitado inicialmente una pericia, insistido en su realización y luego desistido, y que posteriormente no concurrió al comparendo de designación del perito ni a la audiencia de reconocimiento, pese a encontrarse notificada.

El tribunal agregó que la ley no exige acompañar con citación un informe pericial decretado de oficio como medida para mejor resolver.

Con estos antecedentes, la Corte rechazó la apelación de la clínica y confirmó su responsabilidad contractual por el deficiente seguimiento postoperatorio, la falta de evaluación médica oportuna y la ausencia de exámenes adecuados para detectar tempranamente la complicación.

El paciente también apeló para aumentar los $40 millones concedidos por daño moral. Alegó que sufrió durante años dolor, ardor y limitaciones visuales, que no pudo renovar su licencia profesional de conducir, debió modificar su actividad laboral y vio afectado su proyecto de vida.

La Corte desestimó igualmente esa petición. Sostuvo que la sentencia de primera instancia ya había considerado la pérdida visual, las consecuencias laborales, la alteración del proyecto de vida y la eventual necesidad de futuras intervenciones médicas.

Añadió que la indemnización debe determinarse conforme a criterios de prudencia judicial, proporcionalidad y de acuerdo con la prueba rendida, por lo que la acreditación del daño no obligaba a conceder los $150 millones solicitados originalmente.

En consecuencia, la Corte de Antofagasta confirmó íntegramente la sentencia y mantuvo la condena contra la clínica oftalmológica por $45.004.009, correspondientes a $5.004.009 por daño emergente y $40 millones por daño moral.

Vea Sentencia Corte de Antofagasta Rol Nº182-2026 y del Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta Rol NºC-774-2024.

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