Corte Suprema confirma sanción a jardín infantil por incumplir protocolo tras mordedura de un párvulo

La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó la reclamación interpuesta en contra de la Superintendencia de Educación por la sanción de amonestación aplicada a la sostenedora de un jardín infantil, al estimar que la autoridad actuó conforme a derecho al constatar incumplimientos relacionados con la aplicación del protocolo frente a accidentes y con la dotación de personal exigida por la normativa educacional.

El conflicto se originó luego de que un párvulo sufriera una mordedura al interior del establecimiento, hecho que dio lugar a una fiscalización. La reclamante sostuvo que atendió inmediatamente al menor, comunicó oportunamente lo ocurrido a su familia y dejó registro de lo sucedido, por lo que afirmó haber cumplido las medidas previstas para este tipo de situaciones. También alegó que uno de los cargos relativos a la falta de personal educador o técnico exigido no habría sido conocido oportunamente, lo que, a su juicio, vulneró su derecho a defensa y el debido proceso.

La Superintendencia de Educación solicitó el rechazo de la reclamación, señalando que las infracciones se encontraban acreditadas en el procedimiento administrativo y que los descargos de la sostenedora no lograron desvirtuarlas. Indicó que uno de los cargos se fundó en la incorrecta aplicación del protocolo frente a accidentes, mientras que el otro se relacionó con la falta del personal educador o técnico exigido para el nivel impartido. Añadió que los hechos constatados en el acta de fiscalización gozan de presunción de veracidad y que la reclamación judicial solo permite revisar la juridicidad de la decisión administrativa, y no su mérito o conveniencia.

La Corte de Iquique comenzó señalando que la reclamación judicial contemplada en la Ley N°20.529 tiene por objeto revisar la legalidad del acto administrativo mediante el cual la Superintendencia se pronuncia sobre la impugnación de una sanción aplicada en un procedimiento administrativo. Precisó que esta vía se encuentra circunscrita a determinar si la decisión cuestionada fue dictada con algún vicio de ilegalidad y no constituye una nueva instancia destinada a revisar los aspectos fácticos establecidos previamente por la autoridad administrativa.

Luego observó que la controversia planteada por la reclamante se sustentaba principalmente en que habría cumplido correctamente el protocolo frente a accidentes ante el episodio que afectó al párvulo, por lo que, a su juicio, no existían las omisiones que le fueron atribuidas respecto de su reglamento interno. A ello se sumaba el cuestionamiento al cargo relativo a la falta del personal educador o técnico exigido para el nivel impartido, respecto del cual sostenía que no había tenido conocimiento previo, circunstancia que habría afectado su posibilidad de defenderse adecuadamente.