Críticas severas a la imparcialidad de un árbitro pueden estar amparadas por la libertad de expresión, resuelve el TEDH

El TEDH sostuvo que esta clase de afirmaciones constituye juicios de valor que se expresan comúnmente en el contexto de las competiciones deportivas y que, en las circunstancias analizadas, no sobrepasaban los límites de la crítica aceptable.

Añadió que los árbitros, debido a la naturaleza de las funciones que desempeñan, se encuentran sometidos a un elevado nivel de atención pública y, por ello, deben aceptar recriminaciones severas respecto de sus decisiones y de su desempeño.

Sobre esa base, el Tribunal Europeo concluyó que las condenas impuestas por los tribunales portugueses respecto de esas declaraciones vulneraron el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión.

Como consecuencia de esta vulneración, condenó a Portugal a pagar a los demandantes 15.300 euros por concepto de daño patrimonial, correspondiente al reembolso de la multa considerada injustificada, además de 6.465 euros por costas y gastos procesales.

Distinta fue la conclusión respecto de los otros cinco recursos. En estos casos, el TEDH consideró justificadas las sanciones aplicadas por la justicia portuguesa, debido a que los exdirigentes del FC Porto habían formulado acusaciones explícitas de corrupción, fraude y connivencia organizada de árbitros con el Benfica, sin aportar pruebas ni precisiones que las respaldaran.

Entre las declaraciones examinadas se encontraba la afirmación de que uno de los árbitros había actuado “en connivencia con el Benfica”.

El tribunal reconoció que las expresiones empleadas contenían un lenguaje hiperbólico, exagerado, metafórico y especulativo. No obstante, estimó que podían calificarse como juicios de valor carentes de una base fáctica suficiente.

Por esta razón, concluyó que esas imputaciones no quedaban comprendidas dentro del ámbito de protección de la libertad de expresión ni podían considerarse incluidas dentro de los límites de la crítica aceptable, por lo que desestimó esos cinco recursos y mantuvo las sanciones impuestas por la justicia portuguesa.

De este modo, el TEDH estableció una distinción entre las críticas severas relacionadas con la actuación, las decisiones o la imparcialidad de los árbitros de fútbol, que pueden estar protegidas por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y las acusaciones de corrupción, fraude o connivencia organizada que, al carecer de antecedentes objetivos suficientes, pueden ser legítimamente sancionadas.

Vea sentencia TEDH “De Carvalho Marques and others v. Portugal”.