Corte de Santiago rechaza reserva de información sobre personal de la ANCI invocada por razones de ciberseguridad

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) en contra del Consejo para la Transparencia, mediante el cual buscaba dejar sin efecto la decisión que le ordenó publicar información relativa a su personal sujeto al Código del Trabajo y sus respectivas remuneraciones, al estimar que no se configuraban las causales de reserva invocadas por el organismo.

La Agencia Nacional de Ciberseguridad sostuvo que la decisión del Consejo para la Transparencia era ilegal, argumentando que la publicación de la identidad y remuneraciones de su personal podía afectar el cumplimiento de sus funciones críticas en materia de seguridad pública y ciberseguridad. Asimismo, alegó que los artículos 33 a 35 de la Ley N°21.663 establecían el carácter secreto de antecedentes relativos al personal de la Agencia, cualquiera fuera su vinculación jurídica, configurándose las causales de reserva previstas en los numerales 3 y 5 del artículo 21 de la Ley N°20.285. Añadió que la información cumplía con los requisitos para ser considerada reservada y acompañó un modelo estadístico que estimaba en un 81% la probabilidad de un ataque de ciberseguridad con impacto económico relevante durante los siguientes cinco años.

El Consejo para la Transparencia pidió rechazar la reclamación, señalando que la Ley N°20.285 establece como regla general la obligación de mantener disponible la información relativa al personal y sus remuneraciones. Sostuvo que la reserva contemplada en el artículo 33 de la Ley N°21.663 se refiere a antecedentes vinculados específicamente con materias de ciberseguridad, como redes y sistemas informáticos, y no a información administrativa básica como la identidad y remuneración de los funcionarios. Asimismo, indicó que la afectación a la seguridad de la Nación debía acreditarse de manera específica y no mediante riesgos hipotéticos, y que había aplicado el principio de divisibilidad al reservar la información correspondiente al personal de la División Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática.

La Corte desestimó el reclamo y concluyó que la decisión del Consejo para la Transparencia se ajustaba a derecho, al no encontrarse acreditadas las causales de reserva previstas en los numerales 3 y 5 del artículo 21 de la Ley N°20.285.

En particular, el tribunal sostuvo que la Ley de Transparencia establece como regla general la publicidad del listado de personal y sus remuneraciones, por lo que cualquier excepción debía fundarse en una causal legal expresa e interpretarse restrictivamente. En ese sentido, señaló que la ANCI no acreditó de manera específica cómo la divulgación de la identidad y remuneración del personal sujeto al Código del Trabajo, que no se desempeñaba en la División Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, podía afectar la seguridad de la Nación.