Fiscalización previa no da inicio al procedimiento sancionatorio ambiental, resuelve Corte Suprema

La Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo interpuesto por la Superintendencia del Medio Ambiente en contra de la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental que había dejado sin efecto una multa de 150 UTA, al concluir que el procedimiento sancionatorio se inicia con la formulación de cargos y no con las actuaciones previas de fiscalización destinadas a recopilar antecedentes sobre una eventual infracción ambiental.

El conflicto se originó a raíz de denuncias por ruidos molestos provenientes de una faena de construcción ubicada en la comuna de San Miguel, que motivaron actuaciones de fiscalización de la autoridad ambiental. En noviembre de 2018 se efectuaron mediciones que registraron excedencias de 4 y 6 decibeles sobre el límite permitido, tras lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos en marzo de 2021 por incumplimiento de la norma de emisión de ruidos y, posteriormente, sancionó a la empresa responsable con una multa de 150 UTA.

El Segundo Tribunal Ambiental acogió la reclamación y dejó sin efecto la sanción, al estimar que, una vez constatada mediante el informe de fiscalización la seriedad de la denuncia, surgió para la autoridad el deber de iniciar el procedimiento sancionatorio. Consideró que transcurrieron cerca de 27 meses sin actuaciones entre ese momento y la formulación de cargos, demora que calificó de excesiva e injustificada y contraria a los principios de eficiencia, eficacia y celeridad, por lo que concluyó que el procedimiento había perdido eficacia y, con ello, también la multa impuesta.

En contra de este pronunciamiento, la Superintendencia del Medio Ambiente interpuso recurso de casación en el fondo, alegando que el tribunal confundió las etapas de fiscalización y sanción al considerar que el procedimiento había comenzado con la emisión del informe técnico de fiscalización o con su posterior derivación a la unidad encargada de sancionar. Sostuvo que ambas funciones son jurídica y funcionalmente distintas y que, conforme a la ley, el procedimiento sancionatorio se inicia con la formulación de cargos, por lo que el tiempo transcurrido durante las actuaciones previas de fiscalización no podía computarse para declarar su pérdida de eficacia.

Añadió que la sentencia impidió ejercer una potestad sancionatoria respecto de una infracción que todavía no se encontraba prescrita, pues la ley establece un plazo de tres años desde su comisión, que se interrumpe con la notificación de los cargos. En el caso concreto, las infracciones a la norma de emisión de ruidos fueron constatadas en noviembre de 2018 y los cargos se notificaron en marzo de 2021, cuando habían transcurrido aproximadamente dos años y cuatro meses, por lo que sostuvo que correspondía aplicar las reglas de prescripción y no las figuras del decaimiento o de la imposibilidad material de continuar el procedimiento.

La Corte Suprema acogió la nulidad sustancial. Para resolver la controversia, señaló que la cuestión central consistía en determinar cuál era el hito que marcaba el comienzo del procedimiento administrativo sancionatorio: si la emisión del informe técnico de fiscalización, su posterior remisión a la unidad encargada de sancionar o la formulación de cargos. Al respecto, tuvo presente que la normativa establece un plazo de prescripción de tres años para las infracciones ambientales, interrumpido por la notificación de los cargos, y dispone expresamente que el procedimiento sancionatorio se inicia con la formulación de cargos, momento a partir del cual comienza formalmente su instrucción.

Explicó que la legislación distingue claramente entre la potestad fiscalizadora y la potestad sancionatoria de la Superintendencia del Medio Ambiente, tratándose de funciones que corresponden a etapas diferentes de la actuación administrativa. La primera comprende las labores de inspección y recopilación de antecedentes destinadas a verificar la existencia de eventuales incumplimientos, mientras que la segunda surge posteriormente, una vez adoptada la decisión de perseguir una infracción, dando paso a una instancia en que el presunto infractor puede ejercer su derecho a defensa y que culmina con una resolución absolutoria o sancionatoria.