Corte de Santiago rechaza nulidad y mantiene absolución por estafa, apropiación indebida y falsificación

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad presentado por la parte querellante contra la sentencia del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago que absolvió a un acusado de los delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de instrumento privado.

La sentencia absolutoria había descartado la acusación formulada contra el acusado como autor de los delitos previstos en los artículos 467, 470 N°1 y 197 del Código Penal. Frente a esa decisión, la parte querellante recurrió de nulidad invocando la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 342 letra c) y 297 del mismo cuerpo legal, argumentando que existían errores en la valoración de la prueba que impedían reconstruir el razonamiento que llevó al tribunal a absolver.

La parte recurrente cuestionó, en primer lugar, que el tribunal oral utilizara las declaraciones del gerente general, quien señaló que la empresa no fiscalizaba el trabajo del acusado, para poner en duda la necesidad de que este ocultara información contable. A juicio del querellante, esa conclusión infringía las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, porque no habría considerado una hipótesis alternativa: que precisamente la falta de controles hubiera permitido la manipulación de información.

También reprochó que el tribunal no hubiera valorado adecuadamente las declaraciones de dos testigos respecto de planillas Excel elaboradas por el acusado y otras irregularidades contables detectadas. Según el recurso, esos antecedentes permitían establecer la existencia de maniobras contables y ocultamiento de información. Asimismo, cuestionó que la sentencia calificara dichas irregularidades como un “mero desorden” sin explicar suficientemente por qué descartaba la tesis de la acusación.

A partir de esos cuestionamientos, el recurso identificó cuatro vicios. El primero correspondía a una supuesta falta de análisis y fundamentación respecto del delito de falsificación de instrumento privado. El segundo se refería a la omisión de una valoración de diversos elementos de prueba, entre ellos un informe de auditoría, liquidaciones de sueldo confrontadas con los pagos efectivamente realizados, boletas de honorarios y la explicación entregada por el acusado respecto de boletas emitidas a nombre de su cónyuge. El tercero consistía en una fundamentación que, según el recurrente, era fragmentaria y no permitía reproducir el razonamiento del tribunal, al no existir una valoración conjunta de los distintos medios de prueba. El cuarto se vinculaba con la inferencia según la cual la ausencia de fiscalización “pone en duda” la necesidad de ocultar información, conclusión que, a juicio del querellante, no habría sido explicada.

Al analizar el recurso, la Corte de Apelaciones precisó el alcance de la causal de nulidad invocada. Recordó que los artículos 374 letra e), 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal permiten revisar si la sentencia contiene razones suficientes para explicar por qué determinados hechos fueron considerados acreditados o no, y si ese razonamiento respeta las reglas de la sana crítica, es decir, la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

El tribunal de alzada señaló que su función en esta materia consiste en comprobar que el tribunal oral haya contado con actividad probatoria suficiente para sustentar sus conclusiones y que el razonamiento utilizado se encuentre basado en criterios lógicos derivados de la prueba rendida. No corresponde, por esta vía, reemplazar la valoración efectuada por los jueces de fondo por aquella que propone quien recurre.