Corte Suprema argentina ordena identificar a autores de publicaciones anónimas contra estudiante

En esas circunstancias, la ausencia de datos mínimos que permitan verificar la denuncia puede vulnerar el debido proceso en sentido amplio y exponer a la persona acusada a un riesgo cierto de afectación de sus derechos personalísimos. Por ello, el tribunal concluyó que ni la libertad de expresión ni las obligaciones estatales en materia de violencia de género podían justificar, en este caso, la modalidad empleada.

La sentencia también cuestionó la caracterización del afectado como persona pública realizada por el tribunal de apelación de La Plata. Recordó que la distinción entre personas públicas y privadas resulta relevante porque quienes tienen una exposición pública voluntaria pueden encontrarse sometidos a un estándar diferente de protección frente a determinadas expresiones.

Sin embargo, sostuvo que el hecho de que una persona se haya presentado como “militante social” no la convierte automáticamente en una figura pública. Tampoco cualquier participación en actividades de la comunidad permite adquirir esa condición, pues una interpretación demasiado amplia podría terminar desincentivando la participación ciudadana y la expresión pública de opiniones.

La Corte señaló, además, que la sentencia de segundo grado no había determinado si el afectado había ejercido algún cargo o alcanzado un nivel de exposición pública que justificara aplicarle un estándar de protección distinto al de un ciudadano común.

Otro de los votos profundizó este aspecto y cuestionó que en el fallo se hubiera construido una categoría de discurso con protección constitucional propia. Según este razonamiento, el tribunal de alzada había tratado el discurso vinculado al género como necesariamente perteneciente al ámbito del interés público y, sobre esa base, lo había utilizado para limitar los derechos personalísimos de la persona afectada.

El fallo precisó que el hecho de que una materia tenga relevancia social, política o institucional no significa que cualquier información relacionada con ella pueda difundirse sin atender a los derechos individuales comprometidos. Por ello, corresponde analizar las circunstancias concretas de cada caso y determinar tanto el contenido de la expresión como la condición pública o privada de las personas involucradas.

En esa línea, sostuvo que el hecho de que la violencia contra las mujeres constituya un asunto de interés público no permite trasladar automáticamente al ámbito público los detalles de una relación sentimental o de la vida sexual de una persona.

El tribunal concluyó que debe existir una relación directa entre la información concreta difundida y el interés público que se pretende proteger. Aplicado al caso, consideró que los detalles sobre la forma en que un estudiante mantenía relaciones sexuales con una compañera pertenecían a su esfera de intimidad.

Asimismo, sostuvo que la protección constitucional de la intimidad reconoce a toda persona una esfera de reserva vinculada con su autonomía personal, que no puede ser invadida por el solo hecho de que la comunidad tenga interés en determinados asuntos.

El fallo también vinculó esta cuestión con el debido proceso. Explicó que la Ley N°26.485 establece mecanismos y procedimientos para canalizar denuncias de violencia de género y contempla medidas destinadas a preservar la identidad de las presuntas víctimas, pero no establece el escrache anónimo en redes sociales como mecanismo de sanción.

En consecuencia, sostuvo que la protección de las víctimas no obliga a los tribunales a amparar publicaciones anónimas que, bajo denuncias genéricas de violencia de género, revelen aspectos de la vida íntima de una persona común y puedan generar condenas o sanciones sociales sin que el denunciado haya contado con garantías mínimas ni posibilidad de defenderse frente a una acusación concreta.

Una parte importante del análisis estuvo dedicada al anonimato. La Corte recordó que esta práctica no es nueva y que tanto el uso de seudónimos como la publicación anónima han formado parte de la literatura, el periodismo y el discurso político, permitiendo a sus autores proteger su identidad por razones históricas, sociales o políticas.

En ese sentido, mencionó diversos ejemplos históricos y destacó que el anonimato ha sido reconocido como un instrumento para proteger a personas que expresan ideas impopulares frente a posibles represalias. Desde esa perspectiva, reconoció que puede contribuir a un debate público vigoroso y fortalecer la libertad de expresión.

Pero también precisó que el anonimato, al igual que la libertad de expresión, no constituye un derecho absoluto. Su ejercicio puede generar responsabilidad cuando se afectan derechos de terceros.

Según razonó, si el derecho a permanecer anónimo fuera absoluto, no existiría una posibilidad efectiva de defensa frente a situaciones de calumnia, injuria o invasión de la intimidad. Un anonimato sin límites permitiría, en definitiva, una impunidad absoluta frente a la difusión de expresiones falsas, agravios o información privada mediante plataformas digitales, conclusión que consideró incompatible con la Constitución.

Otro de los votos abordó el caso desde una perspectiva más amplia vinculada con la tecnología. Analizó la libertad de expresión como un valor esencial del sistema democrático, como un derecho subjetivo que puede ejercerse de manera regular o irregular y como un principio jurídico que exige maximizar su protección en armonía con la menor afectación posible de los derechos individuales.

Desde esa perspectiva, sostuvo que la prohibición de la censura previa no impide que puedan existir responsabilidades posteriores, incluida la responsabilidad civil y su dimensión preventiva.

También cuestionó la idea de que la participación en actividades públicas o la presencia en redes sociales convierta automáticamente a una persona en figura pública. Señaló que esa concepción no resulta adecuada en el siglo XXI, cuando las redes sociales exponen públicamente aspectos de la vida de prácticamente todas las personas, muchas veces incluso contra su voluntad.

El ministro sostuvo que las nuevas prácticas digitales no significan que quienes participan en redes hayan renunciado a su derecho a la privacidad. La mera presencia en internet o la participación en actividades de interés colectivo no basta, por sí sola, para transformar a una persona privada en una figura pública.

Finalmente, el fallo extendió el análisis al desarrollo tecnológico en general, incluyendo la inteligencia artificial y el conjunto de herramientas que permiten la creación, procesamiento y difusión de información.

Frente a las dificultades para determinar la autoría y funcionamiento de determinados contenidos digitales, especialmente por la complejidad de los algoritmos, planteó la existencia de un derecho a la transparencia como mecanismo para evitar que la tecnología se convierta en un obstáculo para el ejercicio efectivo de los derechos.

En ese marco, explicó que revelar la identidad del titular de una cuenta no significa anticipar un juicio sobre su eventual responsabilidad. Se trata únicamente de remover el obstáculo que el anonimato representa para que la persona afectada pueda ejercer su derecho de defensa y acceder a la justicia.

Con estos fundamentos, la Corte Suprema declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia de segunda instancia y ordenó a Facebook eliminar las URL cuestionadas, en caso de que aún permanecieran disponibles, además de informar la identidad del titular de las cuentas y los demás datos técnicos que permitan identificar a los autores de las publicaciones.

De este modo, el tribunal no resolvió la eventual responsabilidad de quienes realizaron las publicaciones ni determinó la verdad o falsedad de las acusaciones. Su decisión se concentró en establecer que el anonimato no puede convertirse en un obstáculo absoluto para el ejercicio del derecho de defensa y el acceso a la justicia, aun cuando las expresiones se refieran a una materia de interés público como la violencia de género.

Vea sentencia Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina.