Corte de Temuco rechaza protección de médico eliminado de especialidad de la Universidad de La Frontera

La institución reconoció que no se emitió el acto administrativo del Decano contemplado en dicha disposición. Explicó, sin embargo, que la comisión prevista en esa norma tiene carácter no resolutivo, por lo que su actuación no alteraría la circunstancia objetiva de que se encontraba configurada la causal académica de eliminación.

La Universidad sostuvo que su actuación se encontraba dentro de las potestades académicas que le corresponden y que la decisión cuestionada no podía calificarse de ilegal o arbitraria, ya que derivaba del incumplimiento de exigencias académicas establecidas en su normativa interna.

Al resolver, la Corte recordó que la acción de protección es una herramienta cautelar destinada a proteger el legítimo ejercicio de determinadas garantías constitucionales frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que las priven, perturben o amenacen. Por ello, correspondía determinar si la decisión cuestionada presentaba alguna de esas características.

El tribunal identificó como acto impugnado la decisión de eliminar al médico del Programa de Especialidad en Obstetricia y Ginecología, comunicada el 6 de enero de 2026 y posteriormente ratificada por el Vicerrector de Investigación y Postgrado al resolver la reclamación administrativa.

A partir de los antecedentes, estableció que el estudiante había reprobado la Unidad de Alto Riesgo durante su permanencia en el programa, aunque posteriormente la aprobó, y que en 2025 reprobó Ginecología II con nota 3,2, obteniendo luego un 3,6 en el examen de repetición.

La Corte concluyó que estos antecedentes permitían tener por configurada la causal prevista en el artículo 68 letra b) del Reglamento General de Programas de Especialidad y Subespecialidades de 2025, que contempla como causal de eliminación la reprobación de más de una actividad curricular o de una misma actividad en segunda oportunidad durante la permanencia en el programa.

El tribunal también descartó que la Universidad hubiera aplicado retroactivamente una causal inexistente al momento del ingreso del estudiante. Explicó que, aunque el artículo 71 del reglamento de 2025 permite su aplicación retroactiva únicamente cuando resulta beneficiosa para el estudiante, el Reglamento General de Especialidades de 2010 ya contemplaba como causal la reprobación de más de una asignatura o actividad, o de una misma asignatura en segunda oportunidad.

De esta manera, pese a las diferencias de redacción entre ambos reglamentos, la Corte estimó que existía una equivalencia esencial entre sus reglas, pues ambas contemplaban como causal académica la reiteración de reprobaciones durante la permanencia en el programa. Por ello, concluyó que el estudiante no había quedado sujeto a una exigencia académica nueva o imprevisible.

La Corte sostuvo que las universidades, en ejercicio de la autonomía que les reconoce el ordenamiento jurídico, pueden establecer sus planes de estudio, requisitos de aprobación y permanencia y las consecuencias derivadas de su incumplimiento, además de evaluar el desempeño académico de sus estudiantes.

Sin embargo, precisó que dicha autonomía no queda fuera del control de los tribunales cuando su ejercicio pueda resultar ilegal o arbitrario.

Con todo, señaló que la acción de protección no constituye una instancia destinada a reemplazar a los órganos académicos en la evaluación del cumplimiento de exigencias curriculares previamente establecidas.

En este caso, al encontrarse objetivamente acreditado que el estudiante incurrió en una causal de eliminación contemplada en la reglamentación académica, la aplicación de la consecuencia prevista para ese incumplimiento no podía calificarse, por esa sola circunstancia, como ilegal o arbitraria.

La Corte también examinó el cuestionamiento relativo a la integración de la comisión constituida conforme al artículo 40 del Reglamento aprobado en 2025.

El recurrente había alegado que una de las profesoras que participó en ella pertenecía al cuerpo docente de la especialidad, pese a que la norma exige la intervención de un profesor permanente acreditado que no forme parte de dicho cuerpo académico.

El tribunal señaló que la propia disposición atribuye a esa comisión un carácter no resolutivo. Su función consiste en analizar y revisar los antecedentes y formular propuestas que deben ser informadas a la Decanatura, autoridad encargada de adoptar la decisión definitiva.

Por ello, incluso si se considerara acreditada la irregularidad alegada en la integración de la comisión, esta no habría afectado a un órgano que hubiera adoptado por sí mismo la decisión definitiva de eliminar al estudiante.

En las circunstancias del caso, agregó la Corte, dicha eventual irregularidad no resultaba suficiente para transformar en ilegal o arbitraria la medida cuestionada, fundada en una causal académica que se encontraba objetivamente configurada.

El tribunal también tuvo presente que la Universidad reconoció que no se había emitido el acto administrativo final del Decano contemplado en el artículo 40. No obstante, consideró que la situación académica del recurrente había sido revisada en más de una oportunidad, que este había podido formular sus alegaciones y que finalmente obtuvo un pronunciamiento expreso del Vicerrector de Investigación y Postgrado, que ratificó la medida.

Por ello, concluyó que la ausencia de dicho acto administrativo final no incidía en la cuestión sometida a conocimiento de la Corte, esto es, que el recurrente había incurrido en la causal de eliminación del programa académico. Añadió que esa cuestión no podía ser modificada mediante la acción constitucional de protección.

Finalmente, el tribunal sostuvo que los antecedentes personales y de salud invocados por el médico no se relacionaban con el problema planteado ante la Corte. La misma conclusión aplicó respecto de las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas del convenio celebrado con el Servicio de Salud Araucanía Sur.

En consecuencia, al no haberse acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido mediante esta vía cautelar, la Corte rechazó la acción de protección, sin costas.

Vea sentencia Corte de Temuco Rol N°1177-2026 (Protección).