Corte de San Miguel deja sin efecto orden de detención de imputado que no fue válidamente citado a audiencia

La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió parcialmente un recurso de amparo y dejó sin efecto una orden de detención que se mantenía vigente desde diciembre de 2021 contra un imputado investigado por el delito de ocultamiento de placa patente, al concluir que no existía certeza de que hubiera sido debidamente citado a la audiencia a la que no compareció.

El recurrente impugnó la orden de detención dictada en 2021 y la negativa del Juzgado de Garantía de San Bernardo a citar a una audiencia de sobreseimiento por prescripción. Alegó que nunca fue válidamente notificado de la audiencia de formalización debido a un error en su domicilio, pese a lo cual fue declarado rebelde e incorporado al Registro Nacional de Prófugos. Sostuvo además que la acción penal por el delito de ocultamiento de placa patente se encontraba prescrita, pues habían transcurrido cinco años sin que se formalizara la investigación, por lo que solicitó dejar sin efecto la orden de detención y discutir el sobreseimiento.

El Juzgado de Garantía informó que la causa se inició en 2020 por el delito de ocultamiento de placa patente y que la primera notificación para formalizar al imputado resultó fallida debido a que no se encontró la numeración del domicilio informado. Tras su incomparecencia a una nueva audiencia en diciembre de 2021, se ordenó su detención y posteriormente fue declarado rebelde, decretándose el sobreseimiento temporal. El tribunal sostuvo que no correspondía, por ahora, citar a una audiencia de sobreseimiento por prescripción, pues el imputado debía comparecer personalmente a la formalización, instancia en que podría debatirse esa materia.

Por su parte, la Fiscalía Local de San Bernardo informó que en el parte policial de 23 de agosto de 2020 constaba la detención del amparado y que entre sus antecedentes existía un acta de apercibimiento del artículo 26 del Código Procesal Penal, firmada por el propio imputado, en la que figuraban su nombre, cédula de identidad, domicilio y teléfono.

Al resolver el recurso, la Corte recordó que el artículo 21 de la Constitución permite recurrir de amparo frente a una privación, perturbación o amenaza ilegal a la libertad personal y seguridad individual, facultando a los tribunales para adoptar las medidas necesarias destinadas a restablecer el imperio del derecho y proteger al afectado.