Corte de Puerto Montt desafuera al senador Miguel Ángel Calisto y habilita a Fiscalía para acusarlo por fraude al Fisco reiterado

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Regional de Aysén en contra del senador Miguel Ángel Calisto, investigado por el Ministerio Público por el delito reiterado de fraude al Fisco.

En fallo unánime, el pleno del tribunal de alzada concluyó que los antecedentes reunidos durante la investigación son suficientemente serios y plausibles para permitir la formación de causa en contra del parlamentario. En consecuencia, retiró su inmunidad y habilitó al Ministerio Público para presentar acusación en la causa seguida ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique.

La investigación comenzó luego de que el 17 de agosto de 2021 la Fiscalía Local de Coyhaique recibiera una denuncia enviada por correo electrónico. En ella se afirmaba que quien entonces ejercía como diputado habría solicitado un préstamo de $35 millones a un particular y que esa deuda estaría siendo pagada con fondos públicos mediante los honorarios que recibía una asesora parlamentaria.

Durante la investigación, el parlamentario, la asesora y quien habría otorgado el préstamo declararon que el dinero había sido solicitado para adquirir una parcela. Explicaron que el inmueble sería comprado por el entonces diputado y la asesora en proporciones de 80% y 20%, respectivamente, y que las cuotas pagadas hasta ese momento correspondían a la parte que debía asumir ella, mientras que el saldo restante sería pagado por el parlamentario.

El Ministerio Público, sin embargo, cuestionó que las asesorías parlamentarias efectivamente se hubieran realizado. La Corte estimó que los antecedentes invocados por la Fiscalía para sustentar esta tesis aparecen, en esta etapa, como serios y verosímiles.

Entre esos elementos se encuentra la ausencia inicial y posterior presentación de minutas de informes sobre labores parlamentarias que, según la investigación, carecerían de respaldo real. También se incorporaron boletas de honorarios y formularios sobre actividades desarrolladas que contendrían firmas falsificadas por imitación.

La investigación también considera que las labores de asesoría se habrían realizado simultáneamente con el trabajo de la imputada como profesora en un establecimiento educacional de Coyhaique, donde cumplía una jornada semanal de 40 horas, e incluso durante períodos en que se encontraba con licencia médica.

A ello se suman informes policiales y peritajes contables que dan cuenta de diversas transferencias de dinero realizadas por la asesora al parlamentario y a otras personas. Entre ellas figura un traspaso al entonces diputado cuyo monto y fecha coincidirían con el pago de honorarios que ella recibió por su labor como asesora parlamentaria.

La Corte también tuvo en consideración las declaraciones de integrantes del equipo de apoyo parlamentario. Algunos señalaron no conocer a la asesora, mientras otros afirmaron haberla visto únicamente en pocas y aisladas reuniones por videoconferencia. Según los antecedentes de la investigación, su participación en el grupo de WhatsApp del equipo habría ocurrido solo tres veces durante más de tres años y habría sido incluso menor que la de una persona que formalmente no integraba el grupo de asesores.