Tribunal de EE.UU. declara inconstitucional ley federal que prohíbe voto a no ciudadanos

Un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida declaró inconstitucional una ley federal que prohíbe sufragar a personas que no ostentan la ciudadanía. El fallo determinó que la potestad para regular los requisitos y el ejercicio del derecho a voto recae de forma privativa en cada uno de los estados federados.

A partir de este razonamiento constitucional, el magistrado sobreseyó la causa penal dirigida contra Chelsea Cox, una mujer de origen jamaiquino. La fiscalía le imputaba haber participado en múltiples procesos eleccionarios desarrollados entre 2012 y 2020 tras haber permanecido en el territorio nacional dos décadas más allá del vencimiento de su visa turística.

La acusación sostenía que Cox tramitó una licencia de conducir en Florida empleando un certificado de nacimiento falso de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, documento que luego utilizó para empadronarse. Ante ello, la defensa legal, encabezada por el abogado Bruce Udolf, promovió la desestimación del litigio cuestionando la validez del artículo 611 del título 18 del Código estadounidense.

Dicha disposición data de 1996 y veta la emisión de sufragios por parte de extranjeros en contiendas a la presidencia, senadurías y escaños parlamentarios. Para ilustrar la controversia, el tribunal designó como asesores independientes a especialistas, quienes analizaron la cláusula de excepción legal, calificándola como una extralimitación del poder legislativo central.

Tras la decisión, se exhortó a las autoridades federales a desistir de nuevas acciones judiciales. En el plano político, el presidente Donald Trump ha sostenido en redes sociales que la participación electoral de no ciudadanos obedece a una estrategia del Partido Demócrata, en un clima de debates sobre elegibilidad previa a los comicios.

Informes de la agencia Reuters indican que Chelsea Cox forma parte de un grupo de apenas 129 personas procesadas bajo esta normativa federal desde su entrada en vigor. Las investigaciones periodísticas precisan además que en ninguno de estos procedimientos se registraron imputaciones dirigidas a alterar resultados, financiar candidaturas o vender sufragios por contraprestaciones económicas.

Vea sentencia del tribunal.