Corte Suprema confirma sanción a distribuidora eléctrica por incumplir plazos reglamentarios

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó una reclamación de ilegalidad interpuesta por una empresa distribuidora de electricidad en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), confirmando la multa de 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) que le fue impuesta debido a que incumplió los plazos reglamentarios en la tramitación de solicitudes vinculadas a la generación distribuida para autoconsumo, al concluir que el aumento de la demanda no constituía una circunstancia imprevisible que justificara los retrasos constatados.

La reclamante sostuvo que la sanción vulneraba el principio de culpabilidad, pues los retrasos obedecieron a un aumento extraordinario e imprevisible de las solicitudes de generación para autoconsumo durante el segundo trimestre de 2025, que superó ampliamente los registros de años anteriores. Asimismo, alegó que las resoluciones impugnadas carecían de una fundamentación suficiente, ya que la autoridad no habría ponderado adecuadamente los antecedentes estadísticos presentados para justificar los incumplimientos. Finalmente, cuestionó la proporcionalidad de la multa, argumentando que no se consideraron debidamente la ausencia de daño acreditado al sistema eléctrico, la inexistencia de beneficio económico, la falta de intencionalidad, su irreprochable conducta anterior y su capacidad económica, por lo que solicitó dejar sin efecto la sanción o, subsidiariamente, reducir su monto.

Por su parte, la SEC solicitó el rechazo de la reclamación, señalando que la empresa incumplió los plazos reglamentarios en 73 solicitudes de información, 1.044 solicitudes de conexión y 155 notificaciones de conexión, tramitadas entre abril y junio de 2025. Sostuvo que el aumento de la demanda era previsible, considerando el alza de las tarifas eléctricas durante 2024, que incentivó a los usuarios a optar por sistemas de generación residencial. Asimismo, destacó que la concesionaria, por su posición monopólica en la distribución eléctrica, era la única habilitada para efectuar las conexiones, por lo que los retrasos afectaron más de mil trámites y obstaculizaron la incorporación de energía descentralizada, sustentable y de menor costo.

La Corte de Santiago señaló que la reclamación de ilegalidad constituye un mecanismo destinado a controlar que las sanciones administrativas se ajusten al ordenamiento jurídico, tanto en la constatación de los hechos como en su calificación jurídica, el procedimiento seguido y la determinación de la sanción, sin sustituir la apreciación técnica del organismo fiscalizador. En ese contexto, recordó que la legislación eléctrica reconoce a los usuarios el derecho a inyectar a la red de distribución los excedentes de energía producidos mediante sistemas de generación para autoconsumo y recibir una remuneración por ello. Precisó que los plazos establecidos para tramitar las solicitudes de información y conexión, así como las respectivas notificaciones, constituyen obligaciones exigibles a las empresas distribuidoras, cuyo cumplimiento resulta indispensable para garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho, especialmente considerando su posición monopólica en la red de distribución.

En cuanto a la responsabilidad de la empresa, el tribunal explicó que, en materia administrativa sancionatoria, rige el estándar de la culpa infraccional, conforme al cual el incumplimiento de una obligación legal permite presumir la culpa del infractor, quien puede eximirse acreditando que actuó con la diligencia debida o que existió un hecho imprevisible e irresistible. Bajo ese criterio, estimó que la concesionaria incumplió los plazos reglamentarios sin acreditar circunstancias que justificaran su conducta, pues el aumento de las solicitudes de conexión durante 2025 no podía considerarse imprevisible. Al respecto, destacó que las tarifas eléctricas habían experimentado un incremento superior al 50% durante el año anterior, circunstancia pública y conocida que generaba incentivos para que los usuarios buscaran alternativas de abastecimiento energético, entre ellas, la instalación de sistemas de generación residencial.