Corte de Chillán mantiene rechazo de demanda laboral de exfuncionaria municipal y descarta que contestación extemporánea influyera en el fallo

Además, la Corte estableció que el rechazo de las acciones no se sustentó exclusivamente en la contestación extemporánea. La naturaleza estatutaria del vínculo se determinó a partir de los decretos de nombramiento y sus prórrogas, mientras que los indicios de vulneración de derechos fundamentales fueron analizados separadamente. Asimismo, la duplicidad de funciones y los reclamos de usuarios fueron acreditados durante el juicio mediante prueba documental y testimonial.

En consecuencia, concluyó que la reseña de la contestación extemporánea no determinó el resultado del juicio ni obligaba a tener por admitidos los hechos de la demanda. Al no existir una infracción con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, desestimó la causal principal de nulidad.

Como primera causal subsidiaria, la recurrente invocó el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, argumentando que la sentencia se había extendido a puntos no sometidos a conocimiento del tribunal. Nuevamente cuestionó que se hubieran considerado la duplicidad de funciones y los reclamos verbales de usuarios, por estimar que esas circunstancias habían ingresado indebidamente al proceso mediante la contestación extemporánea.

La Corte también rechazó este argumento. Señaló que una acción por despido injustificado obliga al tribunal a examinar la efectividad de la causal utilizada para poner término al vínculo. Además, la duplicidad de funciones y los reclamos verbales formaron parte del debate mediante la prueba testimonial y la propia declaración de la demandante, quien reconoció haber sido reemplazada por el abogado contratado por la Municipalidad.

Finalmente, la recurrente invocó como segunda causal subsidiaria la infracción manifiesta de las reglas de la sana crítica, específicamente de los principios lógicos de razón suficiente y concordancia. Cuestionó que la sentencia tuviera por acreditadas falencias en la tramitación de expedientes sobre la base de reclamos verbales de usuarios, pese a que no existió una investigación sumaria ni una sanción disciplinaria previa.

La Corte recordó que esta causal no permite efectuar una nueva ponderación de la prueba, sino únicamente corregir razonamientos manifiestamente absurdos, ilógicos o gravemente defectuosos. Por ello, la infracción debe ser evidente a partir de la sola lectura del fallo.

En este caso, constató que la existencia de reclamos verbales fue establecida sobre la base de las declaraciones coincidentes de dos testigos durante la audiencia y que esos antecedentes fueron utilizados por la jueza para fundar la mayor idoneidad profesional del abogado contratado.

El tribunal descartó que la inexistencia de una investigación sumaria o de un sumario administrativo implicara una infracción de las reglas de la lógica, pues la conclusión se encontraba respaldada por prueba testimonial. En consecuencia, estimó que el cuestionamiento de la recurrente estaba dirigido al mérito o valor asignado a la prueba, materia que corresponde al ámbito privativo del tribunal de primera instancia y que no puede revisarse mediante esta causal.

La Corte precisó, además, que los argumentos relacionados con el principio de primacía de la realidad, el in dubio pro operario y la jurisprudencia de unificación de la Corte Suprema se referían a la calificación jurídica del vínculo. Al tratarse de cuestiones de derecho, eran ajenas al control de la valoración probatoria previsto en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo.

Finalmente, el tribunal de alzada destacó que el rechazo de las acciones descansaba en un fundamento jurídico autónomo: la calificación de la relación como estatutaria y el incumplimiento del requisito de cinco años de desempeño a contrata exigido por la jurisprudencia de unificación de la Corte Suprema para invocar confianza legítima.

Como ese fundamento no fue impugnado mediante ninguna de las causales formuladas, la Corte concluyó que cualquier reproche relativo a la valoración de determinados antecedentes carecía de influencia sustancial en lo dispositivo, pues aun acogiendo esas objeciones subsistiría una razón jurídica independiente para mantener el rechazo de las acciones.

Por estas razones, la Corte de Chillán rechazó, sin costas, el recurso de nulidad y declaró que la sentencia del 1° Juzgado de Letras de San Carlos no es nula. De esta forma, se mantuvo el rechazo de la tutela laboral, de la solicitud de reconocimiento de una relación regida por el Código del Trabajo y de la acción subsidiaria por despido injustificado y cobro de prestaciones.

Vea sentencia Corte de Chillán Rol N°45-2026 y del 1° Juzgado de Letras de San Carlos RIT T-15-2025.