Demanda contra Servicio de Salud por fallecimiento de paciente tras atención de urgencia se rechaza por la Corte Suprema

Contra esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, alegando que la tardanza en la atención, la omisión de exámenes cardiológicos y la pérdida de oportunidad habían determinado el fallecimiento.

La Corte de Puerto Montt confirmó el rechazo de la demanda, pero eliminó los fundamentos que reconocían una falta de servicio por la demora. Explicó que, aun cuando esta pudiera resultar reprochable desde el punto de vista organizacional, no bastaba por sí sola, en las circunstancias del caso, para configurar una falta de servicio indemnizable.

El tribunal de alzada destacó que el paciente fue examinado clínicamente y recibió un tratamiento acorde con la sintomatología consignada, sin que se acreditara que los antecedentes disponibles exigieran una actuación diferente. Asimismo, descartó que pudiera imputarse una omisión por no disponer exámenes cardiológicos que esos antecedentes no imponían.

En cuanto al nexo causal, señaló que la sola sucesión temporal entre la atención de urgencia y el fallecimiento no permitía concluir que este derivara de una conducta omisiva del establecimiento. También desestimó la pérdida de oportunidad, al no demostrarse que la actuación reprochada hubiera privado al paciente de una posibilidad real y seria de evitar el desenlace.

La parte demandante recurrió de casación en el fondo ante la Corte Suprema, denunciando que se había confundido la ausencia de infracción a la lex artis con la inexistencia de falta de servicio y que correspondía evaluar conjuntamente la organización de la urgencia, la tardanza y la omisión de exámenes.

Asimismo, sostuvo que el acceso privilegiado del demandado a los registros clínicos justificaba que este acreditara la corrección de su actuación. Cuestionó también el estándar aplicado para establecer la causalidad y alegó la pérdida de oportunidad como factor autónomo de responsabilidad sanitaria.

El máximo tribunal examinó primero la denuncia de infracción de las normas reguladoras de la prueba y recordó que el artículo 1698 del Código Civil se vulnera cuando se obliga a una parte a probar un hecho cuya acreditación corresponde a su contraparte.

La Corte descartó esa infracción, pues la sentencia había puesto a cargo de las demandantes la prueba de los presupuestos necesarios para establecer la responsabilidad por falta de servicio. Precisó que ello correspondía a la aplicación del artículo 38, inciso segundo, de la Ley N.º 19.966, que exige al particular acreditar que el daño se produjo por la acción u omisión del órgano, mediando dicha falta.

Añadió que, al no haberse demostrado una infracción de las normas reguladoras de la prueba, los hechos establecidos por los jueces del fondo resultaban inamovibles en casación. En este caso, se había asentado que no se acreditaron los elementos de la falta de servicio alegada.

Por estas razones, la Corte Suprema concluyó que el recurso se construía contra los hechos establecidos e intentaba sustituirlos por otros que la recurrente estimaba probados, por lo que rechazó la casación en el fondo y mantuvo la decisión que desestimó la demanda.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº31.471-2026, Corte de Puerto Montt Rol Nº1.407-2024 (Civil) y Juzgado de Letras de Castro Rol C-2311-2019.