Corte Suprema confirma condena a pagar casi $25 millones a empresa por servicios publicitarios impagos

También cuestionó que la existencia de la obligación se hubiera establecido, según su interpretación, a partir de una querella criminal por apropiación indebida presentada por un tercero ajeno al juicio contra una persona natural.

Sostuvo que ese antecedente no permitía construir una presunción judicial que cumpliera las exigencias legales de gravedad, precisión y concordancia.

Por estas razones, solicitó invalidar la sentencia y dictar una de reemplazo que rechazara íntegramente la demanda, con costas.

Al examinar estos argumentos, la Corte Suprema advirtió que el recurso se sustentaba en una versión de los hechos distinta de aquella establecida por los tribunales que conocieron el juicio.

En efecto, la sentencia recurrida había dado por acreditada la existencia de un contrato de prestación de servicios publicitarios entre las empresas y la obligación de la demandada de pagar la suma reclamada.

Asimismo, se había establecido que la demandada no acreditó el pago ni otra circunstancia que permitiera considerar extinguida esa obligación.

El máximo tribunal recordó que los hechos fijados por los jueces de primera y segunda instancia no pueden modificarse mediante un recurso de casación en el fondo, salvo que se demuestre una infracción efectiva de las normas legales que regulan la prueba.

En este caso, concluyó que la recurrente no había acreditado una vulneración de esas disposiciones.

Respecto de la carga de la prueba, la Corte explicó que correspondía a la demandante demostrar la existencia de la obligación cuyo cumplimiento exigía, mientras que la demandada debía acreditar su extinción.

Según los hechos establecidos en el proceso, la primera cumplió con esa exigencia al demostrar la existencia del contrato y de la deuda, a diferencia de la segunda, que no probó haber pagado lo adeudado.

Por ello, descartó que se hubiera infringido el artículo 1698 del Código Civil, que regula la distribución de la carga probatoria entre las partes.

En relación con las presunciones judiciales, precisó que no era efectivo que la obligación de pago se hubiera establecido sobre esa base.

Agregó que, en cualquier caso, la valoración y fuerza probatoria de las presunciones judiciales corresponde a los jueces que conocen directamente los antecedentes del litigio, sin que la Corte Suprema pueda sustituir esa apreciación por la sola discrepancia de una de las partes.

Sobre la base de estas consideraciones, concluyó que el recurso de casación en el fondo carecía manifiestamente de fundamento.

En definitiva, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo, manteniendo la sentencia que condenó a la demandada a pagar $24.879.089 a la actora, más intereses y costas.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº41.087-2026, Corte de Santiago N°10125-2023 Civil y del 15° Juzgado Civil de Santiago Rol NºC-3194-2022.