Corte confirma indemnización de $300 millones a familia de desaparecido cuyos restos estuvieron más de tres años sin identificar

Incluso, no se remitieron inicialmente todos los objetos encontrados, por lo que el organismo forense debió solicitarlos posteriormente.

Tras recibir el informe médico legal, el Ministerio Público archivó provisionalmente la investigación el 9 de septiembre de 2015. Esta permaneció en ese estado hasta octubre de 2018, período durante el cual las actuaciones se relacionaron principalmente con la intención de inhumar los restos e inscribirlos como pertenecientes a una persona no identificada.

La Corte sostuvo que estas omisiones constituían una actuación injustificadamente errónea y arbitraria, conforme al artículo 5 de la Ley N°19.640, pues no se adoptaron medidas elementales para determinar la identidad, fecha y causa de muerte, ni se examinaron adecuadamente las denuncias por presunta desgracia existentes en la época.

Precisó que la responsabilidad del Ministerio Público no surge de cualquier error, de un archivo provisional o de una decisión investigativa discutible, sino de actuaciones manifiestamente carentes de justificación o racionalidad. Este estándar, agregó, no debe confundirse con los requisitos para que el Estado pueda ejercer posteriormente acciones contra un funcionario.

En cuanto al Servicio Médico Legal, la sentencia destacó que el organismo había tomado muestras de sangre de los padres de la víctima el 11 de agosto de 2005, destinadas a facilitar eventuales comparaciones genéticas.

Sin embargo, no efectuó las gestiones necesarias para relacionar esos antecedentes con los restos encontrados en 2015. La Corte consideró que, tras la creación del Registro de ADN de Familiares de Desaparecidos en 2008, debió contactar a la familia para obtener nuevas muestras y mantenerlas disponibles para su cotejo.

El tribunal concluyó que una actuación diligente habría permitido identificar los restos durante 2015, en lugar de prolongar el procedimiento por más de tres años, configurándose así una falta de servicio.

La Corte también confirmó la exclusión de cuatro testigos presentados por el Fisco, al considerar que su condición de funcionarios vinculados a los hechos investigados afectaba su imparcialidad, conforme al artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil, especialmente por las eventuales consecuencias administrativas o personales que podían derivarse del juicio.

Respecto de la prescripción, sostuvo que el perjuicio derivado del retraso en la identificación solo pudo ser conocido por la familia el 4 de octubre de 2018, cuando se confirmó que los restos pertenecían al fallecido.

Recordó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema y al artículo 2332 del Código Civil, el cómputo de la prescripción debe considerar la existencia del daño y no únicamente la fecha de la conducta u omisión que lo provocó. Por ello, mantuvo el rechazo de esta defensa.

Finalmente, el tribunal desestimó tanto la solicitud del Fisco de reducir las indemnizaciones como la petición de los familiares de aumentarlas, al considerar que los montos fijados en primera instancia estaban debidamente fundamentados y constituían una reparación prudencial del daño moral acreditado.

En definitiva, la Corte de Concepción rechazó el recurso de casación en la forma y confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar $300 millones a la familia, manteniendo los reajustes, intereses y costas establecidos en primera instancia. También confirmó la resolución que fijó los hechos que debían probarse durante el juicio.

Vea sentencia Corte de Concepción Rol Nº1.141-2024 (acumulada N°1472-2024)y del Segundo Juzgado Civil de Concepción Rol NºC-8886-2019.